Antonio Castro plantea que la nueva Ley de Ordenación del Territorio sea concreta, clara y operativa

El presidente del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), en el Parlamento, Antonio Castro, ha solicitado a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, que explique cuáles van a ser las actuaciones y medidas impulsadas por su departamento respecto al ordenamiento jurídico y normativo sobre la política territorial.

Tal y como recordó Castro, la Comunidad Autónoma asumió las competencias en esta materia en 1983 y desde esa fecha "se han sucedido 17 Leyes y 9 Decretos que han dificultado la ya de por sí compleja gestión de una competencia que tiene diversos actores: municipales, insulares y autonómicos", produciendo una situación de estancamiento y lentitud en el desarrollo del planeamiento.

Por ello, desde el Grupo Nacionalista Canario se ha solicitado, "desde el más firme compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del territorio, la elaboración de una Ley nueva  que sea concreta, clara, operativa  y respete las singularidades de la Isla dentro del modelo organizativo del Archipiélago". El diputado palmero propuso, además, que esta Ley sea elaborada en el ámbito parlamentario desde el máximo consenso y con la colaboración de todas las Administraciones.

La simplificación normativa es fundamental para dar impulso al desarrollo económico y al crecimiento de un sector turístico de calidad contribuyendo asimismo al fortalecimiento de la industria, la agricultura y el sector servicios, "especialmente en islas como La Palma, La Gomera y El Hierro que requieren de medidas específicas que les permitan un avance económico y social acorde con su realidad", explicó Castro.

La ordenación en cada isla debe ser fruto de la planificación insular y éste debe ser uno de los principios esenciales de la nueva propuesta. Tal y como recordó Antonio Castro, "en 1983 ya existían las Comisiones Insulares de Urbanismo que fueron suprimidas posteriormente, en una tendencia centralizadora de la Administración autonómica  que ahora debe ser corregida".

La futura norma legislativa comportaría la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma,  que no ha tenido desarrollo como consecuencia, precisamente, de  la excesiva normativa a la que están sometidos los diferentes tipos de planeamiento: planes generales, insulares, territoriales, espacios protegidos, etc.