IUC rechaza el triunfalismo de las administraciones en el aniversario del volcán y reclama políticas de vivienda para los afectados

Izquierda Unida Canaria (IUC) rechaza el triunfalismo en la gestión que los gobiernos de España, Canarias y del Cabildo Insular están mostrando en los días previos al primer aniversario del comienzo de la erupción volcánica de Cumbre Vieja del 19 de septiembre de 2021.

Para IUC las distintas administraciones deberían ser más autocríticas en las actuaciones realizadas hasta ahora en la llamada reconstrucción, priorizando la defensa de los afectados y del interés general frente a otras consideraciones. “La lentitud que han mostrado a lo largo de este tiempo, entendible en los primeros momentos de la emergencia, no se justifica cuando un año después del comienzo de la catástrofe existen familias viviendo en hoteles, caravanas, casas de familiares, otras sin recibir la ayuda por la pérdida de la vivienda principal o las destinadas a enseres”, denuncia en un comunicado.

En este sentido, señala que el Registro Único para las personas afectadas por el volcán, cuyo funcionamiento fue caótico durante semanas, no cumplió el objetivo de aliviar la carga burocrática de documentación solicitada a los afectados y de agilizar la tramitación y concesión de las ayudas.

Para la formación de izquierdas, una de las constantes en todo este proceso ha sido la “ausencia de participación ciudadana real y efectiva en el proceso de toma de decisiones”. Al respecto indica que se han financiado proyectos como “Revivir El Valle”, donde las distintas administraciones daban cuenta de las decisiones que de forma unilateral iban tomando. Unas administraciones, añade, contrarias a la creación de un consorcio de reconstrucción donde los afectados, a través de sus representantes, serían miembros con voz y voto.

Para IUC, esta falta de participación, transparencia y planificación se ha materializado en aspectos como la gestión de las donaciones por parte del Cabildo y los ayuntamientos, los criterios empleados para la apertura de nuevas vías de comunicación, la situación de los gases en los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla o la contratación temporal de miles de empleados públicos.

Sin embargo, señala esta formación, es en materia de vivienda donde se ha producido el mayor fracaso en la gestión del post-volcán. “Que en la actualidad 192 personas sigan viviendo en hoteles es algo difícil de explicar tras la gran cantidad de recursos económicos destinados a la isla. Valoramos positivamente la adquisición, por parte del Gobierno de Canarias, de 192 inmuebles en edificios ya construidos, pero no es suficiente para resolver el problema habitacional. A esta fecha, solo 5 de las viviendas provisionales que se planificaron instalar en Los Llanos de Aridane y El Paso están ocupadas por familias. Centenares de afectados están cobrando ayudas para el alquiler de viviendas que en muchos casos no queda cubierto en su totalidad debido al aumento desorbitado de los precios tras la erupción”.

Además, advierten, el Decreto de medidas urbanísticas para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales se ha convertido en un instrumento para la especulación, ofreciendo una solución individual a un problema colectivo, favoreciendo que el precio del suelo rústico se multiplicase por cinco y permitiendo solo a una minoría de afectados, 21 familias en Los Llanos de Aridane, obtener hasta ahora una licencia para construir una nueva vivienda.

“Lamentamos la ausencia total de debate que ha existido sobre la protección de la colada, impulsándose incluso intervenciones en una de las fajanas por parte del Cabildo sin ninguna autorización de Costas. Defendemos la necesidad de comunicar los núcleos que quedaron aislados tras la erupción, especialmente el de Las Manchas, pero no de la forma en que se ha hecho, con una intervención dura sobre el territorio que ha supuesto la pérdida de un recurso patrimonial, científico y turístico para la isla. Algunas de las actuaciones sobre la colada se realizan por el Cabildo mediante la ocupación de terrenos privados, sin que se haya indemnizado a los propietarios por la expropiación realizada”, advierte.

Por otra parte, indica que la gestión posterior a la erupción ha generalizado la contratación por emergencia, una fórmula excepcional, como el mecanismo habitual de operar las distintas administraciones en la isla. “Hemos visto cómo se han realizado adjudicaciones millonarias a dedo para la construcción del puerto en La Bombilla, la nueva carretera de la costa, o las obras de urbanización de las parcelas para viviendas provisionales. Además, sin procedimiento de contratación alguno, se han encargado verbalmente trabajos a empresas para la limpieza de cenizas o la apertura de vías de comunicación por cientos de miles e incluso millones de euros, con una ausencia total de procedimiento y de respeto por la legalidad”.

Para IUC, algunas de estas obras son totalmente innecesarias, como la construcción de un puerto en La Bombilla o de una nueva carretera por la costa de Tazacorte que arrasa con una parte del terreno agrícola que no habían sepultado las coladas. Así, el volcán se convierte en “la excusa para plantear un cambio en el modelo productivo de la isla, donde la agricultura ha tenido un peso importante, para favorecer parece que exclusivamente un mayor desarrollo turístico. En este sentido, sigue existiendo una gran incertidumbre sobre el futuro de las hectáreas arrasadas por la lava dedicadas al plátano y sobre el agua destinada a las que siguen en producción. La apuesta por las desaladoras y la elevación de aguas, frente al trasvase de agua desde el Este de la isla, ha supuesto un claro predominio de los intereses privados frente al general”.

La formación de izquierdas considera prioritario avanzar en las ayudas por la pérdida de la vivienda principal, ingresar los 30.000 euros que el Gobierno de Canarias para este fin prometió, impulsar la compra de viviendas y la construcción de promociones públicas, así como regular los precios del alquiler en el Valle de Aridane y extinguir la deuda hipotecaria de las personas cuyas edificaciones fueron destruidas.