Aprobada la Ley de Cambio Climático con la oposición del PP y Ciudadanos

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes la Ley de cambio climático y transición energética, con el apoyo de los cuatro grupos del pacto de Gobierno y Coalición Canaria y la oposición de Partido Popular y Ciudadanos.

Una negociación de última hora permitió la incorporación de la mayoría de las enmiendas del grupo Nacionalista y el respaldo final de este grupo a la nueva legislación medioambiental, mientras que los representantes de PP y Ciudadanos denunciaron la falta de diálogo de los grupos del Gobierno y advirtieron de que esta normativa generará más burocracia, inseguridad jurídica y paralización económica.

La ley pretende regular las medidas encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como garantizar la transición energética para alcanzar la neutralidad en carbono y la reducción de gases de efecto invernadero, con medidas que requerirán un “esfuerzo colectivo” en los sectores público y privado.

Con la aplicación de esta ley se busca avanzar en la reducción progresiva de la utilización de combustibles fósiles, en el uso racional de la energía, en el incremento de las energías renovables y en la adaptación a los efectos del cambio climático, entre otras finalidades.

“Nos negamos a quedarnos quietos, el consenso por el consenso, no”, dijo el diputado Luis Campos, de Nueva Canarias, para defender una ley con “medidas efectivas” contra el cambio climático que los grupos opositores pretendían transformar en “un manual de buenas intenciones” o dejarla en “cuestiones declarativas”, una actitud que situó próxima al negacionismo.

Sin embargo, Luz Reverón, diputada del PP, quien calificó de “actitud totalitaria” y “antidemocrática” el rechazo de los grupos del gobierno a sus ofertas de consenso, afirmó que esta ley no sitúa a Canarias “más cerca de la descarbonización”, sino de “paralizar la actividad económica de las islas”.

La ley es intervencionista, ideológica y sectaria, genera más burocracia, paraliza la economía, afecta a la competitividad de las islas, desincentiva la inversión y crea “un nuevo chiringuito”, la Agencia Canaria de Acción Climática, sostuvo Reverón.

El diputado de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, quien definió la nueva Agencia Canaria de Acción Climática como “un echadero” más, afirmó que la ley está hecha por “teóricos fundamentalistas que no saben cómo funciona el mundo real”, auguró que producirá parálisis económica, conflictividad y sanciones y denunció que no recoge las aportaciones de los expertos.

Jesus Alexander Machín, de CC, señaló que en las últimas 72 horas los grupos del Gobierno se han avenido a aceptar o transar con su grupo el 95 por ciento de sus enmiendas, que habían sido rechazadas a lo largo de toda la tramitación, lo que justifica el apoyo de los nacionalistas a la ley.

“Han recapacitado y reconducido” el “bloqueo por el bloqueo” que habían mantenido hasta ahora, lo que permite mejorar “sustancialmente” el texto legal, afirmó Machín.

Por los partidos del Gobierno, el diputado del PSOE Mauricio Roque defendió que la ley responde a la necesidad y urgencia de actuar en la lucha contra el cambio climático y en acelerar la transición energética, que a partir de ahora estará “en el centro de la acción política”.

Acusó a los opositores de la ley de pretender desactivarla con sus enmiendas y afirmó que ni el futuro social ni económico de Canarias están en riesgo con la descarbonización, sino que por el contrario se caminará hacia una economía más sostenible e igualitaria.

Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias, defendió el esfuerzo que se ha hecho con la oposición para aceptar sus aportaciones, pero no es posible incorporar las enmiendas que contradicen la línea discursiva de la propia ley, explicó.

La participación ciudadana, la agilización burocrática, la política territorial al servicio de la prevención del cambio climático, un modelo energético orientado a las energías renovables y al autoconsumo y más justicia social son algunos de los principios que inspiran esta ley, dijo Marrero.

Jesús Ramos Chinea, diputado de ASG, defendió que la lucha contra el cambio climático requiere celeridad y con esta ley se sientan las bases contra la descarbonización y a favor del desarrollo sostenible.