Aprobada la Ley de Renta de Ciudadanía, que garantiza una ayuda mínima

El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes la Ley de Renta de la Ciudadanía, que incluye una renta mínima garantizada y un sistema de apoyo a la inserción social y laboral efectiva que permita a la población más vulnerable escapar de la exclusión social y la pobreza.

La ley ha sido aprobada por todos los grupos parlamentarios y supone, tras un periodo transitorio, la sustitución de la actual Prestación Canaria de Inserción por la Renta Ciudadana, que se podrá recibir sin límite de tiempo, que no es excluyente con otras ayudas ni con las rentas de trabajo y que tendrá excepciones y será abierta para su adecuada aplicación, según han explicado los portavoces parlamentarios.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, agradeció el consenso alcanzado en esta ley, que supone, ha dicho, un primer paso para garantizar una renta mínima a los ciudadanos más vulnerables.

Durante el debate, los grupos Popular, Mixto y Nacionalista Canario defendieron algunas enmiendas que habían sido rechazadas durante el trámite parlamentario y en el caso de los dos últimos grupos plantearon la limitación que puede suponer que se tenga en cuenta la unidad familiar para la aprobación de la ayuda sin tener en cuenta la situación particular del solicitante.

Cristina Valido, del grupo Nacionalista, dijo que hay cuestiones esenciales que esta ley no recoge, destacó su similitud con la actual PCI y ha recordado que en Canarias hay más de 800.000 personas en riesgo de exclusión.

Ha alertado de que se repite el motivo por el que se rechaza el Ingreso Mínimo Vital, que en Canarias solo recibe el 15 por ciento de los que lo piden frente al 23% nacional, y que se debe, entre otros factores, a la dificultad para acceder a una vivienda en las islas.

Poli Suárez, del grupo Popular, ha indicado que se trata de la ley más importante de esta legislatura porque pretende llegar a esas familias “que peor lo pasan en nuestra tierra” y se ha congratulado de que los grupos parlamentarios hayan sido “maduros y adultos políticamente” para llegar a un acuerdo sobre el texto que quiere combatir la pobreza y favorecer la inclusión social y la inserción en el mundo laboral.

Su grupo, ha dicho Suárez, ha conseguido introducir el 60 por ciento de sus enmiendas y hoy mismo han pactado con el gobierno que se garantice a los ayuntamientos el coste de un trabajador social y que se incentive a las empresas para que contraten a personas beneficiarias de la renta ciudadana.

Vidina Espino, del grupo Mixto, ha defendido la ley porque “mejorará la vida de muchos canarios” pero ha mantenido varias enmiendas al entender que “se queda corta” en algunos aspectos.

Entre los asuntos cuestionados por la parlamentaria se encuentra que al tener en cuenta la unidad familiar, esta ley concibe la ayuda como un derecho colectivo y no individual y ha criticado que el silencio administrativo sea negativo tras cuatro meses desde que se presentó la petición cuando la legislación establece su carácter positivo.

David Godoy, del grupo Socialista, ha indicado que no solo se aprueba una ley, sino que se otorga un nuevo derecho a los ciudadanos para garantizar que tengan unas condiciones de vida digna, al tiempo que ha destacado que el texto ha sido consensuado con cabildos y ayuntamientos, que tendrán un papel muy importante en su ejecución.

Se trata de acabar con la pobreza y la exclusión social, ha señalado Godoy, quien ha resaltado que es una herramienta útil para la protección de la infancia y su compatibilidad con las rentas del trabajo “porque hay trabajadores pobres”.

María del Río, de Si Podemos Canarias, ha indicado que gracias a este Gobierno las personas más vulnerables tendrán un renta garantizada y ha añadido que se trata de una ley “inclusiva y para la inclusión”.

La parlamentaria ha recordado que esta ley dará salida “a la hermana menor” de la renta ciudadana, la PCI, que junto al Ingreso Mínimo Vital, ha beneficiado en diciembre en Canarias a más de 80.000 personas y ha insistido en que el objetivo es que haya una renta básica universal.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, ha indicado que se trata de una renta “para la vida”, de un derecho recogido ampliamente en la legislación internacional y ha destacado el consenso alcanzado para conseguir un texto que persigue una sociedad más justa y cohesionada.

Esta ley, ha añadido, introduce elementos de protección a los colectivos vulnerables, genera estímulos al empleo y una renta estable.

El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos Chinea ha afirmado que esta ley desarrolla uno de los derechos incluidos en el Estatuto de Autonomía y ha valorado que se incluyan a todas las administraciones en su ejecución.

Además destacó los complementos para jóvenes o para las pensiones no contributivas y valoró que se prestan los medios para alejar a las personas del riesgo de vulnerabilidad al tiempo que ha pedido que su aplicación sea ágil.