Sobre la comisión parlamentaria de la crisis volcánica y el futuro de la Isla de La Palma

El pasado día 14 de Diciembre, el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, publicó el Dictamen elaborado por la “comisión de estudio sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma”, que había sido constituida previamente en el mes de Febrero. Con posterioridad, el día 20 de Diciembre, dicho Dictamen fue aprobado por el Pleno del Parlamento.

La sensación que nos deja el documento es decepcionante. En sus 15 páginas de extensión, es verdad que se exponen con cierta rigurosidad, los efectos devastadores de la erupción sobre los terrenos directamente afectados, la cuantía de las ayudas transferidas a la isla, información sobre la gestión de la emergencia y un listado de actuaciones que apenas tienen vinculación con la cuestión de fondo y estratégica, cual es, qué isla queremos para el presente y el futuro.

Es más, el documento recurre de nuevo, a utilizar palabras y expresiones ambiguas sin contenido sólido, lugares comunes, que permiten entender, simultáneamente, unas cosas y las contrarias y que podrían ser asumidas, por ejemplo, por personas que a priori, defendieran planteamientos divergentes. Pero esto, desgraciadamente, no es nuevo, porque siempre ocurre lo mismo con la mayoría de los documentos estratégicos y de cierto alcance, que emanan de nuestras instituciones públicas.

Así, se habla en la página 3 de “…impulsar un futuro esperanzador para la isla…”, en la página 5, de “…un futuro mejor para las generaciones actuales y las próximas generaciones…”, “…todo el mundo ve en esta situación una oportunidad…” o “…se trata de ser más fuertes que el volcán para construir sobre sus restos, una sociedad mejor y más próspera…” y en la página 7, expresiones tales como “…el final de la erupción es valorado con esperanza, porque puede suponer el comienzo de un futuro más próspero para la isla de La Palma…”.

Respecto al futuro y las propuestas estratégicas planteadas, que era uno de los principales objetivos a abordar por la Comisión, la ambigüedad e indefinición, siguen siendo las señas de identidad del documento. En este sentido se habla de “…plan estratégico para la isla…”, “…plan integrado de reconstrucción y recuperación de la isla…” o “…plan de recuperación y transformación de la isla de La Palma…”.

Asimismo, entre las resoluciones aprobadas en el marco del “Debate sobre Política General”, celebrado en el Parlamento de Canarias a finales del mes de marzo de 2022 y publicadas en el Boletín Oficial del 8 de Abril, también se menciona un “Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica de La Palma” y se esbozan algunos elementos interesantes, como la necesidad de una reconversión de la agroindustria insular, la diversificación de la actividad turística, reconducir algunas dinámicas de la ocupación territorial y el desarrollo residencial, con el objetivo de lograr un modelo urbano más compacto o impulsar la economía circular y las energías renovables.

Evidentemente y como podíamos suponer, se ha hecho muy poquito en relación al mencionado plan. No se conoce tal documento, ni su plan de ejecución temporal, ni el detalle de la consignación presupuestaria. Tan solo podemos recurrir a la página web del Cabildo de La Palma, donde tenemos a nuestra disposición una sencilla presentación digital.

Esperábamos que la Comisión concretara un poco más cuando abordara la estrategia de futuro para la isla, pero lamentablemente, no ha sido así.

Sin embargo, mientras todo esto ha ocurrido en el Parlamento de Canarias durante los últimos 10 meses, el Cabildo de La Palma ha seguido, junto con los Ayuntamientos del Valle de Aridane y con financiación del resto de administraciones públicas suprainsulares, actuando o planificando acciones que, en su mayoría, ya estaban planteadas desde la década de los 70 y 80, con el objetivo de convertir el suroeste de la isla, en un territorio donde la actividad turística, tal como la conocemos en Canarias, sea sobre la que pivote la economía insular.

Una planificación, donde existe planeamiento previsto en el Valle, para la creación de 10.000 camas nuevas o un campo de golf. Amén de nuevas carreteras destructoras del mejor suelo agrícola del Archipiélago y donde observamos atónitos, como la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias sigue guardando un sorprendente y lamentable silencio.

El futuro de la isla se va a decidir, en parte, para bien o para mal, en lo que hagamos en el litoral de Los Llanos, Tazacorte y Fuencaliente.

Una forma de desarrollar el turismo, que, según informes encargados por el propio Gobierno de Canarias, es el principal responsable de que lideremos en España, año tras año, los datos de desempleo estructural, marginalidad social o pobreza.

Una vez más, queremos exponer las acciones y decisiones que desde nuestro planteamiento, habría que haber tomado ya, para empezar a dar un giro de 180º al modelo de isla que tendremos, de seguir con lo que se está ejecutando y planificando en la actualidad. Se deben paralizar las acciones y obras que están ocasionando un deterioro irreversible en las coladas y en la isla baja e iniciar un procedimiento de protección efectiva de ese nuevo territorio, uno de los más jóvenes del planeta.

Se debe iniciar un trabajo político y administrativo con las corporaciones locales de La Palma, para que la isla, en 2030, tenga sólo tres Ayuntamientos y por supuesto, que el Valle de Aridane, sea un solo municipio.

Es urgente paralizar las obras de la denominada “carretera de la costa”, en el Valle de Aridane, la de circunvalación de Tazacorte, las que se iniciarán en el municipio de Tijarafe y el nuevo acceso al Puerto de Tazacorte, abandonar la idea de la circunvalación de El Paso y paralizar, definitivamente, el disparate de conectar El Remo con La Zamora, proyecto que ya ha iniciado los trámites administrativos de licitación.

La Palma debe disponer de una auditoria integral sobre la política de gestión de residuos, energía y movilidad, con el objeto de vincular todo ello a la protección ambiental y la creación de empresas y empleos cualificados.

Las competencias urbanísticas sobre los suelos no urbanos de los municipios, deberían estar en manos del Cabildo y del Gobierno de Canarias y proceder, posteriormente, a la desclasificación de los suelos turísticos, para clasificarlos nuevamente, como terrenos rústicos.

En este sentido, las nuevas camas turísticas, así como la construcción residencial que se creara en el futuro, sólo se deberían establecer en los núcleos urbanos ya consolidados con el objetivo de lograr su total ocupación y colmatación, evitando, en la medida de lo posible, la dispersión edificatoria.

Debemos abordar con determinación, la gestión del agua en La Palma, tanto de titularidad pública como privada, con el fin último de lograr que toda el agua en la isla sea de gestión pública. En el siglo XXI, en España, supone una grave anomalía histórica, que haya propietarios y entidades, por muy históricas que sean, que tengan en propiedad agua que cae del cielo y sale de la montaña y que especulen con dicho recurso.

Debemos alcanzar un pacto insular por la protección jurídica del suelo agrario e iniciar un proceso de reconversión agrícola, para ir sustituyendo, progresivamente, el plátano por otros productos de demanda local y regional, generador de mayor valor añadido e intensivo en mano de obra.

En definitiva y retomando el objeto inicial de este breve artículo, esta “comisión parlamentaria sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma”, no ha cumplido con los objetivos ni con las expectativas inicialmente planteadas, en lo que se refiere a diseñar líneas concretas de actuación, argumentadas y sólidas, sobre las que se base el devenir de La Palma e ir diseñando un modelo social y económico, menos dependiente de la coyuntura internacional y de decisores externos, que permita que más ciudadanos puedan trabajar, que se adapte al desafío del cambio climático y que no suponga un deterioro irreversible de los recursos naturales.

Dicha comisión, visto los pobres resultados obtenidos, ha supuesto un derroche de recursos, tiempo y dinero público. Para este viaje, no hacían falta estas alforjas.

*Pedro Higinio Álvarez Rodríguez. Economista.

Compareciente en la sesión del 7 de septiembre de 2022, en la “comisión sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma”.