El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este miércoles que los decretos leyes de reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica estarán culminados en febrero para ser aprobados en Consejo de Gobierno y posteriormente ser remitidos al Parlamento para su convalidación final.
En declaraciones a los periodistas tras una reunión con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández, y los alcaldes de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane, ha indicado que en estos borradores de decretos leyes de carácter residencial y agrícola, que contarán con aportaciones de los afectados, se van a fijar las condiciones para construir viviendas en el Valle de Aridane y para ordenar el suelo agrícola.
Torres ha indicado que el 20 de enero, por la tarde, se reunirán con los afectados por la erupción y ese mismo día, por la mañana, habrá una nueva reunión de la comisión mixta de reconstrucción que estará presidida por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El presidente ha destacado que se trata un decreto “inédito”, el residencial, que se suma al ya aprobado para construir en suelo rústico y gracias al cual ya se han tramitado unas 150 licencias, y entiende que era mejor hacer “por separado” el que regula la actividad agrícola. Torres subrayó la importancia del futuro decreto ley de carácter residencial y del otro agrícola, con los que se pretende coordinar todos los suelos, dónde y cómo construir, y cómo encauzar la reconstrucción de la isla. “La voluntad es acabarlos en febrero y llevarlos a su aprobación en el Parlamento de Canarias”, dijo el presidente. Según insistió, “queremos seguir trabajando con todas las administraciones, buscando los puntos en común, junto con los vecinos de todos los barrios afectados de forma paralela y con el mayor esfuerzo posible”. En este sentido, dejó claro que se sigue trabajando para que haya alternativas para los vecinos de La Bombilla y Puerto Naos, que, por los gases, aún no pueden regresar a sus domicilios.
Ha apuntado también que la reconstrucción de la isla “no tiene pausa” y por ello ha valorado que se hayan movilizado 605 millones de euros públicos en la isla y se hayan entregado 264 viviendas, con otros 40, en Breña Baja, a la espera para ser entregadas en febrero.
Asimismo ha señalado que 531 familias reciben una ayuda al alquiler de 594 euros como máximo.
También se han distribuido 11,5 millones de euros regionales para enseres en estas viviendas provisionales, siempre en función de los datos con los que cuenta el departamento de Derechos Sociales, 88,9 millones para fomento del empleo en 2022 o los 107 para empresas, autónomos y sectores económicos afectados, con 25 millones para el sector primario, especialmente el platanero y pesquero.
Torres ha vuelto a garantizar el abono de los 30.000 euros comprometidos por el Gobierno canario a modo de indemnización por pérdida de vivienda –“no tiene vuelta atrás”– y ha achacado el retraso a dificultades administrativas y no a la cercanía de las elecciones.
Con todo, dado que el proceso administrativo está finalizado, confía en que el dinero se empiece a abonar a comienzos del próximo mes y subrayó que los afectados tienen por escrito desde septiembre el compromiso de pago.
El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ha valorado el proceso participativo puesto en marcha para elaborar los decretos y el modelo de bolsas de suelo ya “fue avalado” por los afectados cuando se aprobó el borrador.
No ha ocultado que puede haber alguna “familia concreta que no esté de acuerdo” con la solución final pero se ha mostrado satisfecho de que se “va a dar salida y una respuesta muy clara” a las necesidades del millar de afectados pues una familia que perdió 150 metros de vivienda va a tener otro suelo igual, con 150 metros cuadrados, para construir su vivienda.
“Otra cosa es que sea en el mismo lugar”, ha indicado, dado que el enfriamiento de las coladas “limita” la capacidad de construcción debido a la temperatura, fragilidad y emisión de gases pues las coladas de más de cinco metros, por ejemplo, se enfriarán en unos 10 años y las de mayor espesor, tardarán varias décadas. “No todo el mundo puede esperar”, ha indicado.
El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, destacó la intensidad de la reunión y la prioridad que se le está dando a la respuesta habitacional.
Así, agradeció la “rigurosidad” del Gobierno al cumplir los plazos anunciados sobre los borradores de los decretos leyes, a los que se añadirán ahora las propuestas de mejora del Cabildo y de los tres ayuntamientos, para que la reconstrucción sea lo más completa posible en el ámbito económico, industrial, agrícola, pesquero, social y turístico.
Asimismo ha reclamado “consenso” entre todas las instituciones y las formaciones políticas para aprobar una “ley del volcán” para, aprovechando la “experiencia” de Cumbre Vieja, estar “más preparados” para el futuro.
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