Los trabajadores pobres se han generalizado en La Palma a lo largo de este año. La temporalidad en los nuevos contratos registrados alcanza el 90,5% en la Isla durante los once primeros meses de 2015, según los datos del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN). Una cifra que en el mes de julio, coincidiendo con el inicio del verano y las Fiestas de la Bajada de la Virgen, llegó hasta el 93,5%, según ha denunciado Izquierda Unida-Unidad Popular.
Los dos municipios que más contratos registran en el sector de la hostelería, Fuencaliente y Breña Baja, encabezan la temporalidad en la Isla con un 98,2% y el 94,8%, respectivamente. En Fuencaliente a lo largo de 2015, de los 1.701 contratos registrados, sólo 31 han sido indefinidos. Una situación que se repite en Breña Baja, donde figuran 109 contratos indefinidos por 1.980 temporales en este año.
Los datos, según la candidatura de izquierdas, muestran como en La Palma se repite lo sucedido en el conjunto del Estado tras las últimas reformas laborales: "unas relaciones de trabajo basadas en la inestabilidad y en la imposición de condiciones indignas y paulatinamente sacrificadas, como lo demuestra el gran número de contratos a tiempo parcial que acaban siendo a tiempo completo, la realización de horas extras sin remuneración o, incluso, la inexistencia de contrato alguno".
Una precarización y degradación del trabajo asalariado que, asegura, no ha solucionado el problema del paro, como desde el Gobierno se defendía cuando se impulsaba la reforma laboral, ya que "a modo de ejemplo, en nuestra Isla, la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011, primera tras la victoria del PP, arrojaba una tasa de paro del 29,23%, mientras que la última de la legislatura publicada, la del tercer trimestre de 2015, esa tasa se sitúa en el 29,54%".
Frente a esta situación, Izquierda Unida – Unidad Popular plantea un nuevo Estatuto del Trabajo que replantee las actuales relaciones de trabajo. El objetivo es la elaboración de un nuevo marco normativo que asegure el trabajo digno como derecho de todas las personas, bajo los parámetros de estabilidad, igualdad y no discriminación, dignidad y calidad de vida. Para ello, entre otras medidas, se propone la potenciación de los servicios públicos de empleo y la prohibición de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs), el establecimiento de la jornada normal en 35 horas semanales, el fomento de la contratación indefinida, la elevación del salario mínimo, en cuatro años, hasta los 1.176 euros mensuales o el derecho a no ser despedido sin causa justa.
