Cabrera considera "valiente" la decisión tomada de reactivar pozos para poner agua en el sistema: "Lo volveríamos a hacer"

El consejero de Aguas, Carlos Cabrera, considera llamativo que después de tres años de tomar un acuerdo por la Junta de Gobierno y por la Junta General del Consejo Insular de Aguas para reactivar dos pozos en la zona este de la isla se lancen a la opinión pública lo que considera desinformaciones sobre supuestas irregularidades que niega de forma tajante.

Cabe recordar que la Asociación Agua para La Palma anunció en días pasados que había presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por la concesión de 969.230 euros en dos subvenciones directas a la comunidad de propietarios del pozo de El Roque para ponerlo de nuevo en producción. Recordando que en el momento de aprobarse dicho convenio, en 2020, la entidad privada beneficiaria tenía entre sus accionistas al padre del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata (PP), miembro del Consejo Insular de Aguas, y, según subrayó el colectivo denunciante, “máximo responsable de todas las decisiones tomadas”.

Cabrera niega irregularidades en dicha decisión “valiente” que se tomó en  2019 de activar unos pozos, un asunto que se venía planteando desde el año 2015 porque “había una situación de sequía tremenda y era necesario poner agua en el sistema”.

“Optamos -afirma en unas declaraciones remitidas a los medios- por lo que decían los técnicos, poner en funcionamiento dos pozos en esta zona con carácter prioritario, porque eran los mejores, y conseguimos en agosto de 2020 llevar agua a la zona sur de nuestra isla, logrando revertir una situación que era terrible”, señala.

El consejero de Aguas ha dejado claro que “lo volveríamos a hacer porque todos los informes técnicos, jurídicos, y económicos avalaban al  cien por  cien esa operación” ya que era “fundamental” para la isla poner en agua en el sistema ese verano de 2020.

“No hay ni un solo informe contrario a la suscripción de ese convenio”, alegando además que dicha inversión iba a ser recuperada, “no era a fondo perdido sino para poner en funcionamiento dos pozos y que luego el Consejo Insular de Aguas recibiera durante varios años, como está sucediendo ahora, agua pública a cambio de esa subvención para su puesta en marcha”.

Carlos Cabrera advierte que también hay presentada otra denuncia contra el acuerdo del Consejo Insular de Aguas para que todos los habitantes de la isla, especialmente del sector primario, tuvieran un precio del agua pública razonable, de modo “que todos pagáramos lo mismo, 14 céntimos por pipa”.  Lo que pedían al tribunal en dicha denuncia, denuncia, es que subamos el agua, para que el agricultor pague esa agua a 26, 27 o 30 céntimos la pipa. Pero eso, sentencia, no les interesa decirlo.