La Diputación Permanente del Parlamento de Canarias ha echado el cierre a la décima legislatura autonómica, marcada por las crisis de la pandemia de covid y el volcán de La Palma, convalidando por unanimidad un decreto del Gobierno de Canarias que precisamente prorroga medidas fiscales relacionadas con la pandemia y el volcán.
La reunión este miércoles de la Diputación Permanente, cuyos 21 miembros velan por los poderes de la Cámara en periodos electorales cuando el Parlamento ya ha sido disuelto, ha servido también para las despedidas y para la reivindicación del trabajo realizado, ya que algunos de los integrantes de este órgano no repiten como diputados en la próxima legislatura.
El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, quien continuará como parlamentario aunque presumiblemente no presidiendo la cámara, dijo que para él y para todos los miembros de la Mesa del Parlamento ha sido “un honor y un privilegio” desempeñar estas funciones y ha reconocido el trabajo de los 70 parlamentarios y parlamentarias.
“Ha sido una legislatura que pasará a la historia, se repasarán todas las cosas que han ocurrido desde 2019, y todos nos llevamos la satisfacción de que los canarios y canarias se han visto bien representados en este Parlamento por la actitud y el compromiso de los setenta diputados y diputadas”, subrayó.
También se despidió de los parlamentarios el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Julio Pérez, con dos palabras: “adiós y gracias”. Gracias por su atención, por su paciencia y por su contribución, especificó.
La diputada María del Río, de Sí Podemos Canarias, cuyo grupo se ha quedado sin representantes para la próxima legislatura, dejó claro que “volveremos”.
Y la representante del grupo Mixto Vidina Espino anunció que el grupo parlamentario deja un remanente de 400.000 euros, equivalente a 100.000 euros más de sus asignaciones anuales, que confió en que el Parlamento destine a fines solidarios.
En el orden del día el punto más relevante era la convalidación de un decreto del Gobierno de Canarias en el que se prorrogan hasta el 30 de septiembre la aplicación del tipo cero del IGIC para el material sanitario relacionado con los efectos del covid y del tipo cero en la entrega e importación de bienes para la actividad ganadera y agrícola de la isla de La Palma.
Ambas medidas, respaldadas por unanimidad, se aplican desde 2020 y 2021, con motivo de las crisis pandémica y volcánica, y por ahora se extienden hasta el 30 de septiembre, de manera que una vez tome posesión el nuevo Gobierno de Canarias pueda decidir sobre su continuidad a partir de esa fecha.
