Gabriel Mato celebra la exención de Canarias del Reglamento sobre combustibles alternativos

El eurodiputado del Partido Popular Gabriel Mato celebra la decisión adoptada hoy por el pleno del Parlamento Europeo de eximir a Canarias y al resto de regiones ultraperiféricas, del Reglamento sobre el uso de combustibles alternativos en el transporte aéreo, en línea con las enmiendas presentadas por el Grupo Popular Europeo. La iniciativa fue aprobada con 518 votos a favor, 97 en contra y 8 abstenciones.

En su intervención en la Eurocámara, señaló que se trata de “una buena noticia para Canarias”, y añadió su “preocupación en torno a la transición verde, como los ‘derechos de emisiones’ o la llamada ‘tasa verde’, porque las Islas y el resto de regiones ultraperiféricas deben tener un trato diferenciado”.

Señaló que la lucha contra el cambio climático “hay que hacerla con sentido común, adecuándose a los tiempos y evitando desigualdades y perjuicios a los ciudadanos”. Asimismo, destacó que “al legislar, no podemos ignorar que hay regiones como Canarias que dependen totalmente del transporte aéreo”. En esa línea, recordó que “en torno al 74% de nuestro PIB proviene del sector terciario y de este una parte importantísima lo compone el turismo, por lo que un incremento de los costes en el transporte aéreo sería catastrófico para nuestras islas, tanto desde el punto de vista de conectividad como de la economía de esta región ultraperiférica”.

Por ello, insistió en que la medida aprobada por el Parlamento Europeo “representa un respaldo y apoyo a las necesidades de las regiones ultraperiféricas y un avance realmente importante para toda la población residente en estas zonas, de cara a seguir mejorando los sistemas de producción de los mismos y adaptar los recintos aeroportuarios a este tipo de repostaje de forma más progresiva”.
Enmiendas del Grupo Popular

El eurodiputado popular recordó que la decisión del pleno de la Eurocámara avala las enmiendas presentadas por el Grupo Popular Europeo con el fin de garantizar que las regiones ultraperiféricas, dada su dependencia absoluta de la aviación para desplazarse, puedan queden exentas de esta nueva normativa.

Además, defendió que la implantación inmediata de este tipo de combustibles no solo conlleva el coste de los mismos, sino que también implica una modificación de las infraestructuras, que generaría costes a aeropuertos y compañías aéreas, redundando en un aumento del precio de sus servicios.

“Los combustibles sintéticos y los biocombustibles avanzados, si bien no requieren cambios en las aeronaves, son cinco veces más caros y no existe un mercado real en Europa debido, en parte, a la falta de incentivos para su producción; estas condiciones hacen que la única alternativa viable al queroseno acabe repercutiendo en todos los actores que están implicados en el transporte aéreo y, en última instancia, en los pasajeros, que serán los grandes perjudicados por esta medida”, explicó.

El Reglamento establece que, a partir de 2025, un mínimo del 2% de los combustibles de aviación deberán ser sostenibles, aumentando el porcentaje de manera escalonada cada 5 años hasta llegar al 70% en 2050.

Por otro lado, las enmiendas presentadas por el Grupo Popular Europeo tuvieron también en cuenta otros archipiélagos que, si bien no son regiones ultraperiféricas, pueden sufrir el aumento del precio de los billetes dada su condición de insularidad. De esta manera, en estos territorios no se aplicaría la exención, pero sí algunas cláusulas relacionadas con la posibilidad de compensar el pago de derechos de emisión gracias al uso de combustibles sintéticos y biocombustibles avanzados.

En estas zonas, las nuevas cláusulas también brindan la oportunidad a los operadores de que recarguen en los aeropuertos de mayor disponibilidad y precio más competitivo, favoreciendo la rentabilidad de los trayectos y, por consiguiente, limitando el aumento del coste por billete.

Este Reglamento se suma así a otras iniciativas medioambientales adoptadas durante esta legislatura, como la revisión del sistema de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), donde, gracias al trabajo de la Delegación española del PP, se estableció una exención temporal a las regiones ultraperiféricas hasta 2030.