El consejero adelantó que el ICAVI trabaja en un programa especial para los palmeros, ‘La Palma 700’, para cubrir las necesidades existentes en la Isla con 17 actuaciones en 11 municipios
Pablo Rodríguez junto a Javier Llamas en la comisión.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado hoy en comisión parlamentaria sobre las líneas estratégicas y objetivos que se plantea la Consejería para esta legislatura, destacando que se analizarán medidas a corto plazo que den una respuesta ágil a las necesidades actuales del Archipiélago en materia de movilidad y vivienda.
Para hacer frente a la emergencia habitacional, el consejero ha explicado que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y Visocan trabajan en varios proyectos para dar una respuesta más eficiente y rápida a esta problemática, como la adquisición de promociones de viviendas inacabadas; el acceso a las viviendas vacías, fundamental para incorporar inmuebles al parque público, así como la apuesta importante de la colaboración público-privada, a través de contratos con los operadores privados para que puedan construir viviendas que posteriormente se pondrían a disposición de la ciudadanía.
“Somos conscientes del número de demandantes de vivienda que existe en Canarias; por ello, insistimos en la necesidad de multiplicar los esfuerzos para dar respuesta lo antes posible y garantizar el acceso a la vivienda a todos los canarios y canarias, porque no podemos basar nuestra política únicamente en la construcción, ya que no ataja el problema a corto y medio plazo”.
Compromiso por la movilidad sostenible
Por otro lado, Rodríguez se ha referido al área de Movilidad, y ha destacado que para avanzar en materia de carreteras no es suficiente con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras viarias, sino que es necesario apostar por alternativas innovadoras que apuesten por la multimodalidad y el impulso de modos de desplazamiento más sostenibles.
En este punto, ha hecho referencia a la reciente licitación que ha sacado la Consejería para la elaboración de la Estrategia para la Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias, un instrumento que proyectará la política de movilidad del Archipiélago en las próximas tres décadas, y que plantea integrar todas las formas de desplazamiento bajo parámetros de eficiencia.
Asimismo, ha indicado, no obstante, la necesidad de concluir las obras que pertenecen al anterior Convenio de Carreteras y que ya deberían haber finalizado, consecuencia del incumplimiento de este acuerdo por parte del Estado, y ha reiterado su compromiso por ejecutar actuaciones importantes del vigente Convenio, que ya cuenta con el cincuenta por ciento del presupuesto comprometido.
“En mi anterior etapa aprobé o licité los proyectos de las obras que están actualmente en ejecución. A penas nos quedan 700 millones de euros para comprometer en los próximos años, por lo que habrá que priorizar las actuaciones más importantes, que sean más eficaces y ofrezcan soluciones en cada Isla”, apuntó Pablo Rodríguez.
En cuanto a las bonificaciones a los usuarios para el transporte público terrestre, el consejero ha destacado que el Ejecutivo regional seguirá trabajando para mantener e incrementar las ayudas con el objetivo de que los canarios puedan seguir beneficiándose de ese descuento del 100% en el precio de los abonos para los próximos ejercicios.
“Los motivos que fundamentaron la aplicación de esta bonificación aún siguen existiendo y no tienen visos de desaparecer, por lo que el compromiso de esta Consejería es el de mantener esta bonificación para el ejercicio 2024. Nada más tomar posesión, solicité una reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para tratar este asunto y aún no he recibido respuesta”.
Gestión del espacio marítimo de Canarias
El consejero Pablo Rodríguez ha resaltado la importancia de la incorporación de la nueva Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario que, trabajando conjuntamente con Puertos Canarios, permitirá a Canarias ser el epicentro de la economía en el Atlántico, poniendo en práctica iniciativas que cumplan con los objetivos de sostenibilidad económica, medioambiental, y social.
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