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Política
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Los Servicios Jurídicos del Cabildo solicitan la aclaración de la sentencia del auditorio

  • La Corporación insular muestra su total respeto al fallo judicial

Los Servicios Jurídicos del Cabildo Insular de La Palma han solicitado la aclaración y complemento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sala de lo Contencioso en Santa Cruz de Tenerife) respecto al abono de un proyecto arquitectónico de un auditorio en la Isla. Así se asegura en el comunicado remitido a los medios sobre la sentencia del del alto tribunal que condena a la institución a pagar 390.000 euros al arquitecto Fernando Menis por la ampliación de un proyecto del audotorio insular.

El Grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma, se indica en el comunicado, no va a realizar ninguna valoración de la sentencia del TSJC en tanto que aún se está tramitando la mencionada petición.

La aclaración y complemento solicitados versan, explica la nota, sobre aspectos tales como la liquidez y liquidación del principal objeto de condena, la determinación del sujeto beneficiario o el pronunciamiento sobre las costas en primera instancia, lo que justifica que, “razonablemente se omita todo pronunciamiento o valoración hasta tanto tales extremos no sean definitivamente aclarados por la Sala”.

El Cabildo Insular muestra su máximo respeto para con las decisiones que se acuerden por parte de los Tribunales de Justicia. Los Servicios Jurídicos, dice el comunicado, trabajarán para salvaguardar los legítimos intereses de la primera institución insular, en el marco siempre de nuestro Estado de Derecho.

Antecedentes

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado el recurso de un arquitecto que realizó la ampliación de un proyecto para el Cabildo Insular de la Palma por un importe de 390.000 euros que no le fue remunerado.

El arquitecto fue adjudicatario en 2008 de un proyecto para construir el futuro auditorio insular en el término municipal de Los Llanos de Aridane por un importe de 723.500 euros y posteriormente recibió el encargo verbal de su ampliación por parte del entonces presidente de la institución.

El arquitecto demandó al Cabildo y el juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife le dio la razón. Pero el Cabildo presentó recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha ratificado la sentencia original excepto en que el beneficiario del pago no sea la sociedad unipersonal del técnico sino su titular como persona física.

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