El Gobierno canario podrá comprar vivienda inacabada ante la "emergencia habitacional"

El Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar la próxima semana el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda con el que espera afrontar la situación de “emergencia habitacional” en las islas y que le abrirá la opción de adquirir inmuebles entre las alrededor de 3.000 viviendas inacabadas o sin comercializar que pertenecen a fondos de inversión y al llamado “banco malo”, la Sareb.

En una rueda de prensa, el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez ha explicado este lunes los detalles del decreto con el que pretende dar respuesta a la “grave” situación en Canarias y a las reclamaciones del sector de la construcción y del mercado inmobiliario para reactivar su edificación, donde se cifra en más de 20.000 los demandantes -según los datos del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi)-, por lo que las 3.000 viviendas previstas para este mandato son insuficientes.

El decreto de medidas urgentes persigue incrementar la oferta de vivienda protegida, especialmente, tanto pública como privada; simplificar los trámites que se requieren para su construcción con el fin de reducir a la mitad el tiempo que ello conlleva; aumentar la disponibilidad de suelo con las nuevas soluciones que propone y fomentar las edificaciones.

Rodríguez ha indicado que para resolver el problema del escaso suelo que disponen muchos ayuntamientos de las islas, se podrá destinar a la construcción de vivienda de protección pública suelos que permanecen “ociosos” en los sistemas generales, así como planes parciales para equipamientos sin desarrollar.

Además, será compatible el cambio de suelo urbano turístico sin desarrollar a residencial, siempre que un tercio de las viviendas sean protegidas, y se podrá recuperar suelo urbanizable residencial, dedicando también un 50 % a vivienda protegida.

Los locales comerciales y oficinas podrán cambiar a uso residencial, se permitirá elevar la altura en las construcciones y la división de vivienda, siempre que esté condicionada una parte a vivienda de protección, además se fomentará por primera vez la vivienda colectiva o ‘cohousing’ y se promoverá la conclusión de urbanizaciones inacabadas.

El consejero ha avanzado que mantiene conversaciones con la Sareb para adquirir las más de 300 viviendas que dispone en Canarias, así como con los fondos de inversión, entre ellos el que dispone del mayor parque en las islas, unas 1.400.

En el decreto se estable el derecho de adquisición preferente de la Comunidad Autónoma para la compra de activos inacabados o finalizados y vacíos, siempre que el 50 % se destine a vivienda protegida, ha explicado.

Rodríguez ha recalcado que las medidas que pretenden aplicar se han ideado para suelos antropizados para no ocupar más, y que en ningún caso incluye el suelo rústico, así como para impulsar la vivienda en los ayuntamientos más turísticos y “tensionados”, reducir los plazos de ejecución y fomentar la modalidad del ‘cohousing’.

Para agilizar la gestión y tramitación de la construcción de viviendas, la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos al Gobierno canario será inmediata desde su aprobación por el pleno municipal, lo que “recorta en 14 meses este trámite”; será de interés general la construcción de vivienda protegida de promoción pública y se declarará la urgencia en todos los trámites para la construcción de vivienda protegida.

Con el fin de promover, impulsar y facilitar la construcción de viviendas protegidas, ha avanzado que el nuevo decreto ley introduce cambios en la Ley de Vivienda y el Decreto Ley 24/2020.

En cuanto a las modificaciones en la ley, ha detallado que se dispone que el régimen legal de protección de las viviendas de promoción pública será permanente, salvo excepciones; el alquiler mensual no podrá exceder el 20 % de los ingresos mensuales de la unidad familiar; los cabildos podrán promover la construcción de viviendas protegidas; y se regula la modalidad de vivienda compartida.

En relación al decreto, se actualiza y territorializa por islas el ‘módulo básico canario’, que es el valor de referencia para determinar los precios máximos de venta, adjudicación y renta de las vivienda, de manera que pasará en las dos islas capitalinas de 1.500 euros el metro cuadrado a 1.905,26 euros, mientras que en el resto se eleva a 2.133,89 euros, ya que es más cara la construcción en las islas menores.

Esta medida, según el consejero, supone un “revulsivo” para la construcción.

Así mismo, se revisa la renta máxima por unidad familiar para el acceso a la vivienda protegida, que se incrementa hasta cinco veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples).

Rodríguez ha incidido también en las mejoras sociales que conlleva este decreto ley por la creación de empleo que se prevé con el impulso del sector, por el mayor acceso a la vivienda pública y porque ayudará a equilibrar el mercado y a que el precio del alquiler y venta descienda en el mercado libre.

Para el consejero, se trata de un proyecto “ambicioso”, que persigue, no solo facilitar la construcción de vivienda pública, sino que la planificada para este mandato, las 3.000 que construirán conforme al Plan Canario de Vivienda, al Plan Estatal y a los fondos europeos MRR, se ejecuten de forma más rápida, ha recalcado.

No obstante, ha hecho hincapié que el efecto de estas medidas dependerá en gran parte del grado de implicación del sector privado.