Vanoostende: "El Gobierno de Canarias deja caer todo el peso de la reconstrucción agrícola sobre los agricultores"

El PSOE de La Palma ha celebrado un encuentro en el Museo del Plátano de Tazacorte con representantes del sector agrícola para abordar el nuevo borrador de decreto de reconstrucción agrícola del Valle de Aridane para recabar su opinión sobre este documento y presentar alegaciones al mismo, que respondan realmente a las necesidades de los agricultores afectados por la erupción volcánica.

Durante el encuentro, en el que intervinieron la diputada Alicia Vanoostende y el alcalde de Tazacorte, Manuel González, se puso sobre la mesa las modificaciones que había supuesto el cambio de decreto con respecto al del anterior Gobierno canario, subrayando que “este nuevo documento pone todo el peso de la reconstrucción sobre los agricultores del Valle de Aridane que se vieron afectados por la acción destructiva de las coladas sobre sus fincas”.

Vanoostende, que estuvo acompañada por los parlamentarios socialistas palmeros Jorge González y Manuel Abrante, así como el portavoz del Grupo Socialista del Cabildo, Borja Perdomo, la consejera insular Luisa Martina González, y los concejales de Tazacorte Jordan Acosta y Antonia Acosta, destacó que los socialistas en la Cámara Autonómica van a presentar iniciativas para corregir las cuestiones del nuevo borrador que han generado incertidumbre en el sector agrícola y, en particular, el platanero.

Se trata de un borrador, dijo, con el que el Gobierno de Canarias deja solos a los agricultores en la reconstrucción, a diferencia del documento consensuado con el sector por la Consejería de Agricultura del Pacto de las Flores, donde la Administración pública junto a los afectados, a través de la Agencia de Recuperación de la Normalidad (AGESNORM), gestionaba este proceso.

Alicia Vanoostende recuerda que se trataba de un consorcio público-privado, que gestionaba todo lo relacionado con la reconstrucción, desde los proyectos técnicos hasta el proyecto de reparcelación pública,  justificado todo ello en la búsqueda del interés general, que era la recuperación de las zonas productivas del Valle, además de ser garante de la reconstrucción frente a la Unión Europea con el fin de blindar las ayudas europeas de los agricultores afectados.

La diputada palmera destaca que una de las apuestas del sector en La Palma es la reparcelación agraria pública, tal y como se puso de manifiesto en el encuentro y estaba así consensuado con los agricultores. “Una medida que eliminó el actual Gobierno de forma injustificada y de espaldas al sector”, critica.

 “Ahora, el papel del Gobierno de Canarias, se limita a ser el pagador de las indemnizaciones correspondientes a los afectados. Indemnizaciones que ni siquiera se concretan en el decreto ley“, añade.

 La desaparición de la Agencia de Recuperación del decreto supone, para la parlamentaria, la aniquilación de la gestión público-privada en la reconstrucción. “Los afectados no tienen ni voz ni voto en este decreto y la Administración pública pierde el papel de acompañamiento y de protección a los afectados, ya que se desentiende de la reparcelación agraria, un gran proyecto común, más eficiente, más moderno y deja la recuperación en manos privadas.  Se limita a repartir las indemnizaciones con los fondos del Gobierno estatal y de Canarias“.

Alicia Vanoostende, que lideró la pasada legislatura el decreto agrícola como consejera de Agricultura, en consenso con todo el sector, señala que “en este borrador, la responsabilidad de la reconstrucción recae exclusivamente sobre el agricultor, que tendrá que encargarse de todos los proyectos, licencias y obras de su finca, incluso de las infraestructuras necesarias, como las conexiones a  redes de riego y a la red eléctrica“.

El panorama que deja el borrador del Gobierno de Fernando Clavijo es que “los agricultores, la mayoría de avanzada edad y con pequeñas parcelas, tendrán que reconstruir sus parcelas con su propio esfuerzo y llevar todos los suministros a sus fincas“, subraya Alicia Vanoostende. Del mismo modo, indica que los agricultores deberán también afrontar la compra de tierra  para completar la sorriba de sus fincas, gestión que con el anterior borrador se gestionaba desde la Administración, conscientes de las dificultades que representa.

Todas las licencias, al igual que en el decreto urbanístico, están supeditadas a informes técnicos del Cabildo de La Palma y de los servicios técnicos y jurídicos de los ayuntamientos, lo que “nos permite augurar un atasco monumental en todos esos servicios, en general, infradotados de personal“.

“Estamos ante un Gobierno que se limita a repartir fondos pero renuncia a liderar y acompañar a los afectados. Aquellos que podrán recuperar sus fincas serán los grandes propietarios y los situados en zonas fáciles de recuperar. El resto, están desprotegidos“, sentencia.