Román Rodríguez y Davida Morera.
El Secretario de organización de Nueva Canarias en Los Llanos de Aridane, David Morera, acogiéndose al reglamento de participación ciudadana, ha presentado una propuesta para que el Ayuntamiento acuerde rescindir el contrato de concesión de las obras de construcción, conservación y explotación del complejo acuático-deportivo de "El Jable".
David Morera señala que "hay que remontarse al año 2005, cuando el Gobierno de Canarias modifica por Decreto el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, en el ámbito de El Jable, para permitir generar un nuevo complejo que incorpora infraestructuras, espacios públicos y nuevos servicios", aprobando unas normas sustantivas transitorias de ordenación que engloban, en un mismo ámbito territorial, diversos equipamientos diseñados para usos y fines variados, como son: "un centro acuático-deportivo, una guardería, un parque urbano, un centro escolar de primaria y un centro integrado de Formación Profesional, todos ellos con el objetivo final de prestar mejores servicios a la población y, en definitiva, mejorar su calidad de vida".
Para poner en marcha una de los equipamientos previstos, recuerda el secretario Local de Nueva Canarias "en enero de 2006, el Ayuntamiento sacó a concurso público el contrato de concesión de las obras de construcción, conservación y explotación del Complejo Acuático-Deportivo municipal en la zona de El Jable, incluyendo la redacción del proyecto y ejecución de las obras, adjudicándose en el mes de febrero las obras de construcción, conservación y explotación del mismo, incluyendo la redacción del proyecto, a la UTE Gestión Activa "El Jable", compuesta por las empresas Innova y Santana Cazorla, lo que iba a permitir dotar a la ciudad de un importante equipamiento deportivo y de ocio, que contaría con una piscina de 25 metros, una zona de aguas termales, salas de fitness y aerobic, saunas, baños turcos, piscina exterior con solarium y varias pistas de padel".
La adjudicación, continúa David Morera, que se realiza de acuerdo con las propuestas de mejora que presenta la empresa adjudicataria, "contaría con una inversión aproximada de unos 6 millones de euros y un plazo de ejecución de 13 meses". A su vez, la aportación municipal se redujo, en base a lo propuesto por la empresa, pasando de los 3 millones previstos inicialmente en el Pliego, hasta 2.506.000 euros, ampliando las anualidades para cubrir esta inversión, de 5 a 7 años. A esto se unió una rebaja en el periodo para la concesión de la explotación del complejo acuático, hasta los 39 años y un aumento del canon porcentual estimado entre el 1 y el 5%, en función de los ingresos derivados de la gestión de la instalación.
Así, transcurre el tiempo y, año y medio después de la adjudicación, en septiembre del año 2007, se firma el acta de replanteo para dar la conformidad al inicio de las obras. Pero, "lamentablemente, habiendo transcurrido poco más de un año de su comienzo, como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, las obras se paralizan".
Por esta razón, se lamenta David Morera, "nos encontramos hoy, casi 7 años después de su paralización, con un edificio en estructura, en el que quedan por realizar algunas cubiertas ligeras y que, además de estar a medio hacer y no responder a los usos para los que fueron diseñados, sufre las consecuencias del paso del tiempo, encontrándose en continuo deterioro y, lo que más nos preocupa, si algún día se quieren reemprender las obras, necesitarían de una inversión superior para recuperar su vida útil".
Tal es así, añade David, que son "evidentes las manchas de óxido, grietas o corrosión que se puede comprobar en su estructura, como signos evidentes del "abandono" en el que se encuentra este proyecto inacabado y sobre el que parece que existe la percepción de que el hormigón es un material eterno, pero sabemos que no es así. Si una estructura pasa años expuesta a los agentes externos, al aire, al sol o la lluvia, su vida útil obviamente se acorta".
Por estas razones evidentes, desde Nueva Canarias se plantea, ante el claro incumplimiento de la empresa concesionaria y el largo tiempo transcurrido, que hay que buscar una solución que pasa necesariamente por "rescindir y dejar sin efecto el contrato con la empresa concesionaria, incautándole la fianza, imponiéndole las penalizaciones previstas en el Pliego de Condiciones Administrativas, todo ello al margen de las reclamaciones de daños y perjuicios que sean procedentes de acuerdo a los previsto en las Condiciones del Contrato".
Con la rescisión del contrato "se recupera la plena posesión de esa propiedad municipal para poder continuar las obras, bien directamente o a través de un nuevo concurso de concesión de obra pública, introduciendo en el proyecto las modificaciones necesarias para poder culminar en los próximos años ese equipamiento, lo que permitiría generar empleo en el sector de la construcción y poner en servicio a la ciudadanía un importante centro deportivo y de salud".
Asimismo planteamos, concluye David Morera, que "por parte de los servicios técnicos municipales, se realice un informe sobre la situación actual del edificio y construcciones anexas, valorando el daño que se haya podido producir en ellas y, en consecuencia se redacte un desglose del proyecto de tal forma que se puede realizar por fases". Así, en una 1ª fase se podrían llevar a cabo las "obras necesarias para proteger la estructura y el acabado de las canchas de padel, que podrían ponerse en funcionamiento sin una gran inversión, así como la urbanización exterior para dignificar la zona". Obras que, según manifiesta, podrían financiarse con "cargo a fondos provenientes del extinto Impuesto General del Tráfico de Empresas".
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