El Gobierno de Canarias recurrirá al Tribunal Constitucional para reclamar las competencias que considera exclusivas de la comunidad autónoma en materia de costas, después de que el Ministerio de Transición Ecológica haya acordado el derribo del Hotel Oliva Beach, enclavado en las dunas de Corralejo (Fuerteventura).
El Gobierno canario no reconoce al Ministerio para la Transición Ecológica la competencia legal para emitir la resolución que dictó el 27 de febrero, por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote para ocupar el dominio público costero con ese hotel, según ha indicado su portavoz, Alfonso Cabello.
“Es la primera vez que se da una injerencia directa en nuestras competencias en materia de costas y se emprenderán diligencias ante el Constitucional para defender los intereses de la comunidad autónoma”, ha dicho el portavoz del Gobierno canario.
Asimismo, Canarias solicita actuar igualmente en cualquier otro expediente en materia de gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente en el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.
El Ejecutivo canario considera que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público.
Este comprende la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio, “sin distinción alguna y sin reserva legal de competencias a la Administración General del Estado en esta materia”, según el Gobierno de Canarias.
Igualmente, reitera su voluntad para debatir y resolver las discrepancias y diferencias que el Gobierno central pueda tener sobre las competencias de la comunidad autónoma en materia de ordenación y gestión de litoral en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, prevista en el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Canarias ha solicitado la convocatoria de esa comisión en varias ocasiones sin éxito, ha remarcado Cabello.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguró la semana pasada que las competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio, como la del Hotel Oliva Beach de Fuerteventura, recaen en el Estado.
¡Qué bonito que quedó el barrio del Charco Hondo! A ver si acaban el que está al lado del aeropuerto… O mejor aún, ¡que se unan! Ganas de comprar una parcelita… (ironía)
Varios alcaldes ya han hablado claro de querer legalizar todo los barrios costeros. Alegan antigüedad y que conforman un núcleo con arraigo (o algo así, no me acuerdo bien, estará en noticias anteriores). Esto ya está hablado y firmado.
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Peje Verde
“se emprenderán diligencias ante el Constitucional para defender los intereses de la comunidad autónoma”, ha dicho el portavoz del Gobierno canario”.
Los intereses de la Comunidad Autónoma?
Por favor, ya no saben ni mentir disimuladamente.
Para evitar el derribo de un Hotel viejo que es ilegal y que nunca se debió construir en un lugar como ese.
Y para permitir que no tengan problema otras urbanizaciones.
Como decía un lema acertado.
Destrucción a toda costa!.
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Martelero
Reclamar las competencias para permitir anarquía, chabolas, casetas, hoteles, vertederos, desagües de alcantarillados y demás desmanes, en definitiva: Destrucción permitida vía trasvase de competencia a gobiernos locales donde la corrupción es más permitida que en instituciones que dependen del Gobierno Central.
Pues eso, avisen cuando tengan la competencia para hacerme un chabolo en la costa.
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