Reflexiones sobre el Decreto ley de medidas en materia agraria para la recuperación económica y social de la isla de La Palma

En el meollo de este Decreto se atisba una recuperación agrícola que, desafortunadamente, no alcanzará su totalidad. Se aplaude la eventualidad de que las tierras de aquellos propietarios renuncien a su recuperación puedan ser adquiridas por la administración a precios pre-erupción volcánica. Una medida encomiable, pero que suscita algunas interrogantes.

El Anexo 2 del Decreto delimita, en Tazacorte, zonas de recuperación agraria condicionada, abarcando más de 80 fanegas. Estas áreas son identificadas como propensas a riesgos de colapso, por lo que se espera que la Administración notifique a los afectados de manera inmediata, valore y adquiera dichas propiedades sin dilación, y no haciendo esperar más aún a los afectados, como los de la carretera de La Costa o la vía de La Laguna-Las Norias, que siguen en vilo, desconociendo aún las compensaciones por sus expropiaciones. Podría darse el caso de disparidades en los montos a pagar, generando una injusticia comparativa. Recordemos que para la construcción de la vía de Las Norias a Las Manchas se pagaron apenas 60 céntimos.

La mayoría de las zonas a recuperar requerirán informes geotécnicos favorables, al encontrarse sepultadas bajo más de 10 metros de coladas. La reactivación agrícola no será económica, estimándose el costo medio de recuperar una fanega de plátanos en la exorbitante cifra de 262.200,00 euros. Las ayudas estatales deben ser tanto vitales como expeditas.

Hasta la fecha, los afectados han sido más que desafortunados. En materia de vivienda, a casi 28 meses de la erupción, el Cabildo ha reconocido a 818 afectados de primera vivienda, otorgándoles escasos 10.000,00 euros por cabeza. El Estado, por su parte, ha identificado a 655 afectados, ofreciéndoles una ayuda de 60.480,00 euros. El Gobierno de Canarias, en su papel de complemento, ha desembolsado ayudas desde 19,20 euros hasta 30.000,00 euros a 436 afectados. Ante esta danza de cifras y reconocimientos variables, resulta imposible determinar el número real de afectados de primera vivienda. Lo cierto es que 219 familias aún aguardan la prometida ayuda del Gobierno de Canarias, que primero debería saldar sus deudas pendientes y luego cumplir con el pago del valor real de lo perdido.

En la actualidad, el gobierno municipal de Villa y Puerto de Tazacorte (PSOE, CC, PP) permanece en silencio. Parece no haberse percatado del enorme impacto que el volcán ha tenido en el municipio, con un 30% de su territorio sepultado. Incapaces de abogar por las necesidades de su pueblo, se observa cómo en este Decreto y otros se atienden demandas de otros municipios, otorgándoles disposiciones de régimen especial ventajosas. ¡Qué curioso es el devenir de la política local!