PSOE y NC ven interés electoral en el decreto para agilizar vivienda protegida en La Palma

El Parlamento canario ha aprobado este miércoles un decreto ley del Gobierno regional para facilitar la construcción de vivienda protegida en La Palma que han criticado PSOE y NC-BC, que ven detrás de la iniciativa el interés de CC de “ganar votos” especulando con la vivienda y “atentando” contra el estilo de vida de los afectados por el volcán.

La propuesta del Gobierno de Canarias ha salido adelante con la abstención de los citados grupos que, no obstante, sí han respaldado junto con el resto de formaciones parlamentarias la tramitación del decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha indicado ante el pleno del Parlamento regional que el decreto ley establece las disposiciones necesarias para facilitar la construcción de viviendas protegidas en el ámbito del Valle, pero también en otros lugares de La Palma.

Unas 1.583 viviendas se perdieron con motivo de la erupción volcánica de 2021 y por ello era necesario “un plus” en forma de decreto, en el que se recogen 15 parcelas para este objetivo y que está abierto a todos los municipios de la isla, sin olvidar a las 535 personas que estaban en lista de espera por una casa antes del volcán, ha añadido Barreto.

“Es urgente dar respuesta al problema habitacional de La Palma que continuará como una situación extraordinaria hasta que no cerremos esta herida”, ha continuado la consejera, para precisar que con el decreto se simplifican los procedimientos y se reducen los plazos para adjudicar los proyectos y las obras correspondientes.

Sin embargo el diputado socialista Manuel Abrante ha considerado que el decreto siembra muchas dudas jurídicas y se ha realizado con falta de transparencia al no contar con la opinión de los afectados, para advertir de que puede haber serios problemas en su ejecución por entrar en contradicción con la legislación estatal en materia de edificación.

Este decreto ley puede quedar “en papel mojado con su populismo y puede crear expectativas entre los damnificados que quedarán en papel mojado”, entre quienes además se puede generar frustración si es recurrido ante el Tribunal Constitucional, ha añadido Abrante.

En su opinión, se favorecerán situaciones injustas al no establecer un catálogo con el número de damnificados, cuánto suelo público hay disponible y cuántas viviendas se ofrecerán, además de considerar “asombroso” que las actuaciones estén exentas de declaración de impacto ambiental.

La vivienda no debe ser el pilar de la especulación, ha dicho el diputado socialista, quien ha cuestionado a la consejera Nieves Lady Barreto si ha preguntado a los damnificados si quieren vivir en bloques de viviendas y en otros lugares diferentes adonde lo hacían antes de la erupción y ha señalado “ya se lo digo yo, la respuesta es un no rotundo”.

Esther González, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que no haya suelo disponible en el decreto en Tazacorte pese a que hay afectados en dicho municipio y se ha preguntado qué razón tiene el Gobierno para dar un trato preferente a familias vulnerables que no fueron afectadas por la erupción “salvo el interés de CC y en particular de Barreto por seguir ganando votos en su isla”.

El diputado popular Jacob Quadri ha replicado que La Palma cuenta con un ambicioso plan para edificar 700 viviendas públicas y todos sus ciudadanos tienen derecho a acceder a una de ellas “igual que si hubieran estado en el valle de Aridane”.

“Es un decreto que abre la puerta a otros municipios de La Palma para crecer y fijar población”, ha enfatizado Quadri.

Para José Javier Pérez, del grupo Nacionalista Canario, NC-BC tiene un desconocimiento “pleno y absoluto” de lo que le ocurre a los palmeros porque el volcán “no ha terminado”, y ha subrayado que el decreto supone “un antes y un después” porque se habilitan medidas de flexibilización para edificar en 15 parcelas de las que ninguna “tiene un alto grado de protección”.

Por Vox Paula Jover ha considerado que hasta ahora las administraciones públicas no han podido dar una solución definitiva para los afectados por la erupción que perdieron su vivienda y ha añadido que la ley de Volcanes ayudará a tener un marco normativo más ágil en este ámbito.

Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, ha opinado que el decreto no es la solución definitiva a todas las necesidades alojativas de los afectados pero sí se trata de un paso más en la responsabilidad del Gobierno para dar respuesta a la sociedad palmera y devolverle poco a poco la normalidad que le fue arrebatada.

Para Raúl Acosta, del grupo Mixto por Agrupación Herreña Independiente, se trata de un decreto necesario que se tiene que llevar a cabo lo antes posible como proyecto de ley, en cuya tramitación debería contar con mejoras desde el punto de vista técnico por parte del Cabildo palmero y los ayuntamientos para que luego no haya una aplicación dispar en los tres municipios afectados por la erupción.