Constituida la comisión de investigación sobre las mascarillas en el Parlamento "para conocer la verdad"

El Parlamento de Canarias ha constituido este lunes la comisión de investigación que analizará las responsabilidades políticas relativas a las compras de mascarillas y otro material sanitario realizadas por el Servicio Canario de la Salud con el objetivo de “conocer la verdad”.

Así lo ha recalcado el presidente de la comisión, el diputado del grupo Mixto Raúl Acosta (AHI), a quien acompañarán en la mesa Gustavo Santana (grupo Socialista) como vicepresidente y Luz Reverón (grupo Popular) como secretaria.

Acosta ha abogado por entrar en “el fondo” de lo que sucedió en la peor parte de la pandemia de covid-19 y “tomar las medidas correctivas” necesarias para que no vuelva a suceder, y ha pedido a los diputados evitar el tono bronco que se ha instalado en las Cortes Generales.

Ha deslizado que “a lo mejor, por desgracia, hay partidos que van a intentar traer un tono que no es propio de este Parlamento”, y ha pedido no buscar en la comisión de investigación “el rédito político” ni “enfangar” porque “al final lo que se conseguiría es deslegitimar a las administraciones públicas y la política, y aquí no estamos para eso”.

A la hora de constituir la Mesa de la comisión de investigación todos los grupos han votado en el mismo sentido salvo Vox, que ha promovido para los tres cargos a la diputada Paula Jover, y Nueva Canarias, que ha votado en blanco.

La Mesa de la comisión ha dado de plazo hasta el próximo lunes para que cada grupo haga sus propuestas de comparecientes y sus solicitudes de documentación, y a partir de ahí se decidirá el calendario de trabajo para los próximos seis meses, más otros cuatro prorrogables que permite el reglamento de la Cámara.

Las sesiones serán probablemente en horario de tarde, dadas las dificultades de “encontrar un hueco”, ha admitido Raúl Acosta, ya que el resto de comisiones ya están constituidas desde el inicio de la legislatura y varios de sus miembros están repartidos por las mismas.

Raúl Acosta ha indicado que no habrá “limitación de ningún tipo” en las solicitudes de comparecencias por parte de los grupos, para que “no se quede ninguna prueba o ningún compareciente por pasar”, si bien cree que “vamos a coincidir en muchos nombres”.

José Alberto Díaz Estébanez, del grupo Nacionalista, ha avanzado que “es lógico y sensato” que comparezcan en la comisión de investigación los miembros del comité de gestión de la pandemia, presidido por Ángel Víctor Torres, los responsables de Sanidad “antes, durante y después” de los contratos bajo la lupa, y representantes de las empresas beneficiarias de los mismos.

Antes que mirar “nombres y apellidos”, ha resaltado que en la selección de las comparecencias se ha de atender a “la justificación de las mismas”, y por eso se ha mostrado también partidario de citar a los miembros de la Audiencia de Cuentas que “dieron o no su conformidad” a un informe sobre la compra de material sanitario.

El diputado del grupo Nacionalista ha subrayado que “la obligación de comparecer en una comisión de investigación es para todos los ciudadanos. Otra cosa es que se nieguen a responder o si están incursos en un procedimiento judicial se atengan a esa declaración”.

“Es lógico entender desde el punto de vista político que quien no quiera responder también asumirá su responsabilidad política por no hacerlo”, ha afirmado, aunque da “por sentado” que “todos los responsables políticos” de esas compras investigadas en sede judicial “hasta donde he escuchado, están dispuestos a contestar a todas las cuestiones que se les planteen”.

Algo que, ha recordado, “dijeron hace dos años y se negaron” a constituir esta comisión de investigación, incluso a debatir sobre ello en el pleno del Parlamento. “Ahora que la hay supongo que no cambiarán de parecer”, ha añadido.

Díaz Estébanez ha coincidido con Raúl Acosta en que el objetivo de la comisión de investigación es “encontrar la verdad” y saber “cómo es posible que en el peor momento de incertidumbre, de miedo y de muerte, un puñado de desaprensivos sin escrúpulos confabuló para llenarse los bolsillos a costa del dolor ajeno, y si hubo consentimiento, conocimiento o colaboración de una o varias personas de la administración”.

El otro grupo que solicitó la creación de esta comisión, el Popular, aunque luego se sumó el de Vox, se marca como objetivo esclarecer, “de una vez por todas, las supuestas irregularidades que costaron a las arcas canarias alrededor de 45 millones de euros en material sanitario”.

Y, “sobre todo, que los canarios obtengan ya una explicación sobre los millones de euros gestionados sin control por el Gobierno de Ángel Víctor Torres durante la pandemia”, indica el PP en un comunicado.

Luz Reverón, Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo aseguran que “a partir de hoy tendremos la oportunidad de oír las explicaciones de muchos de los integrantes del Gobierno de Torres que con sus decisiones, consciente o inconscientemente, no hicieron nada por frenar el supuesto pelotazo de las mascarillas”.

El PP hace hincapié en que “pese a que el Pacto de las Flores calificó de caso aislado el Caso Mascarillas, lo cierto es que las ramificaciones del Caso Mediador, la trama Koldo y las adjudicaciones de obras sospechosas ponen en evidencia la ligereza y la falta de rigor y transparencia con la que se gastaron los fondos públicos que manejaban a costa de los impuestos de los canarios”.

La compra de mascarillas y otro material sanitario al inicio de la pandemia de covid-19 ha dado lugar a tres causas penales.

Recientemente, la Policía Judicial efectuó por orden de la Fiscalía Europea un registro en el Servicio Canario de Salud (SCS), para recuperar correos y archivos relacionados con el exdirector de ese organismo público Conrado Domínguez.

El registro realizado a la sede del SCS forma parte de las diligencias penales abiertas para investigar la presunta estafa que sufrió la sanidad pública canaria al inicio de la pandemia de covid-19 al pagar por adelantado cuatro millones de euros por unas mascarillas que nunca le entregaron.

Adicionalmente, el Tribunal de Cuentas ha solicitado responsabilidad contable de irregularidades detectadas en los contratos de compra de material sanitario en Canarias durante la pandemia, si bien el fiscal ha suspendido la tramitación ante las acciones emprendidas por el Gobierno autonómico para recuperar los cuatro millones de euros que costaron las mascarillas que no llegó a recibir.