Las comunidades aceptan acoger 400 menores, pero no alcanzan un acuerdo para cambiar la ley

Las comunidades autónomas han acordado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia acoger de forma voluntaria 400 menores migrantes tutelados en Canarias (en las islas hay más de 5.500 menores acogidos) y Ceuta, pero no ha habido consenso sobre la propuesta del Gobierno, exigida por Canarias, para hacer estos repartos obligatorios mediante una modificación en la Ley de Extranjería. La modificación de la ley permitiría el reparto de 3.000 menores.

El Gobierno se ha quejado de que el PP “no se manifiesta” sobre este cambio legal, que de todos modos quiere acelerar para registrarlo en el Congreso este mismo mes.

Sin embargo, Vox entiende que la aceptación por las comunidades que gobierna con el PP del reparto voluntario de 400 menores ya supone dar por rotos los acuerdos autonómicos entre ambos partidos.

El acuerdo para un reparto voluntario de 400 menores es similar al que se produjo en octubre de 2023, pero las dificultades burocráticas han impedido salir de Canarias más del 80% de ellos, recordó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por eso es necesaria una reforma legal vinculante para no dejar “ningún niño ni niña atrás ni a ninguna comunidad atrás”, argumentó.

Según la distribución acordada este miércoles, la comunidad que más menores acogería sería Cataluña, con 31 jóvenes; Andalucía, Extremadura y Madrid, con 30 menores cada uno; Cantabria, con 29, y Galicia, con 26.

A las que menos les corresponde en este reparto son La Rioja, con 4 menores; Baleares, con 10, y Navarra, con 15.

Pese a este acuerdo para este reparto voluntario, no ha habido consenso para la modificación de la Ley de Extranjería.

Las comunidades del PP han criticado que el documento con la reforma les fue entregado la víspera de la conferencia sectorial, mientras que las del PSOE han dado su apoyo al texto propuesto por el Gobierno Central y avalado por el de Canarias.

Así Andalucía, cuya consejera Loles López ha asistido presencialmente a la reunión, ha afirmado que su comunidad acogerá a 30 niños en esa acogida voluntaria pero ha criticado al Gobierno Central de “dejar tirados” a 454 menores que ha enviado a Andalucía camuflados como personas adultas y cuya minoría de edad se niega a reconocer.

Ha exigido financiación para estos niños que, en su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha traslado “por la puerta de atrás” y ha expresado que mientras Andalucía vuelve a mostrar su solidaridad, el Gobierno de España ha vuelto a hacer gala de su irresponsabilidad y su falta de humanidad”.

La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por poner “parches” al problema migratorio con un reparto “impuesto” de menores a las autonomías que “no soluciona nada”, y ha advertido de que la reforma de la Ley de Extranjería que plantea podría ser inconstitucional.

En cambio, el Gobierno del Principado de Asturias ha expresado su apoyo a la reforma de la ley de extranjería para repartir la acogida de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, una medida que según la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, “va acompañada de financiación, como no podría ser de otra manera”.

Por La Rioja, la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, ha reclamado al Estado que asuma sus competencias y adopte una “política seria para corregir una crisis humanitaria estructural que hasta ahora solo se está afrontando con el esfuerzo de las comunidades”.

El Gobierno de Murcia ha dicho tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este miércoles para el reparto entre regiones de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias que la suya está “colapsada, sobreocupada al 200 % por la llegada continua de embarcaciones a sus costas y sin capacidad para acoger a más”.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha reclamado al Gobierno central control de fronteras y que involucre a la Unión Europea en la política migratoria, porque, en su opinión, hay un problema no sólo con los menores, sino con los adultos, y está haciendo “dejación de sus funciones”.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura, Sara García Espada, ha declarado este miércoles la “oposición frontal” de su comunidad autónoma a que se haga un reparto de menores “singularizado, no consensuado e impuesto como proponen algunas comunidades autónomas”, y ha dicho que acogerán a los 30 niños previstos en el acuerdo de 2024.

Por el contrario, La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha instado al Consejo de Ministros a aprobar “ya” un decreto ley para poder derivar menores de inmediato desde las islas hacia otras comunidades, cuyos matices se podrán discutir después en el Congreso.

El Gobierno ha confirmado su intención de acelerar el cambio legislativo y ha instado al PP a comportarse como un partido de Estado, pero no ha aclarado si la reforma se planteará como un decreto ley como exige el Gobierno de Canarias.