El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha admitido este martes que las viviendas contenedor instaladas en La Palma para los damnificados por la erupción volcánica “no son dignas” y la “prioridad” del Ejecutivo es acometer el traslado de sus inquilinos a otras viviendas en cuanto sea posible –principalmente las 42 viviendas rehabilitadas en Breña Baja–.
En respuesta a una pregunta de Vox en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha precisado que “ningún canario, ningún ser humano merece estar en una infravivienda”, que además, con las últimas lluvias sufrieron filtraciones de agua dado que aunque el Instituto Canario de Vivienda contrató a una empresa el servicio de mejora de la impermeabilización, hasta ahora solo se ha producido en 42 viviendas, menos de la mitad.
Ha dicho que también que se va a analizar si hay “vicios ocultos” durante la instalación de las viviendas porque es “evidente” que el diseño “no era el adecuado” para la zona en la que están instaladas, de tal manera que se evalúa el contrato con el contratista para ver si cabe “exigir algún tipo de responsabilidad”.
Paula Jover (Vox) ha comentado que las viviendas contenedor de Los Llanos de Aridane “son un sinvivir” y ha afeado al anterior Gobierno canario que escogiera este modelo para los afectados por la erupción y que costó más de cinco millones cuando hay otros proyectos constructivos “que hubiesen permitido poner en funcionamiento viviendas con muchas mejores calidades en el plazo de 4 o 6 meses”.
La diputada conservadora cree que hay margen para pedir responsabilidades al contratista porque no se ha cumplido con el código técnico de edificación ni las condiciones de habitabilidad y espera que las soluciones lleguen “pronto”, tal y como ocurre con los menores migrantes.
“Todos tienen un techo muy digno donde vivir y todos los recursos que no se ejecutan en el presupuesto autonómico están destinándose a esos menores no acompañados”, ha señalado.
