Las familias del Aula Verde (aula de bebés) de la Escuela Infantil San Miguel Arcángel de Santa Cruz de La Palma, exigen una intervención inmediata de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias ante la crítica situación que afecta al centro, según indican en un comunicado.
La crisis, dicen, es “alarmante” pues relatan que la escuela se ve forzada a cerrar de manera intermitente debido a la falta de personal. En este sentido exponen que varias trabajadoras se encuentran de baja médica y no se dispone del recurso humano suficiente para garantizar la continuidad de la actividad educativa.
Según detallan, esta situación, que se ha prolongado durante meses, genera “un ambiente de incertidumbre que afecta gravemente tanto a los profesionales como a nuestros hijos”. Agregan además que se han impuesto algunos cambios de horarios (reducción de jornada) sin el aviso previo necesario y se han producido cierres no reflejados en el calendario oficial de la escuela, lo que complica seriamente la organización familiar y la conciliación laboral.
Al respecto señalan que la reducción de jornada de la escuela en determinados periodos “agrava aún más la situación, y los largos periodos de cierre a los que nos vemos expuestos como, por ejemplo: Navidad, Reyes, Semana Santa, reducción de jornadas en los meses de junio y julio, y cierre por vacaciones durante todo el mes de agosto, todo esto, junto con que no disponemos aún de un calendario de actividades, donde se reflejen los eventos de los peques, y los horarios de recogida en dichos días, nos hace tener serias dificultades a la hora de planificarnos y conciliar de una manera adecuada”.
Las familias afectadas dicen reconocer y agradecer la dedicación de la directora, “quien, en un acto de generosidad, ha asumido responsabilidades fuera de su ámbito de trabajo para asegurar que los niños y niñas no queden desatendidos”. Sin embargo, advierten de que esta situación es “insostenible y requiere una solución urgente”. “No podemos permitir que nuestros hijos y hijas y las familias se vean perjudicados por una gestión deficiente y la carencia de medidas adecuadas”, denuncian.
Exigen por ello que la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia actúe de inmediato para implementar soluciones que aseguren una educación de calidad y unas condiciones laborales y organizativas dignas para todos.
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