Tierra Bonita denuncia el "boicot" a la ley que permite a los afectados del volcán tener voz en la gestión de la reconstrucción

La Asociación Tierra Bonita expresa su “total apoyo” a los vecinos que residían en El Paraíso y Corazoncillo hasta la erupción del volcán Tajogaite, quienes han convocado en la conocida como zona roja ( el entorno del volcán con régimen de protección cautelar) para el próximo domingo 14 de diciembre para protestar por la falta de información y la incertidumbre sobre sus terrenos, y su posible declaración como espacio natural protegido.

Para este colectivo palmero, la movilización de estos afectados -que vivían en los barrios más próximos al volcán, y, por tanto, fueron los primeros en tener que salir corriendo, ya que no fueron avisados de manera oficial ni evacuados por las autoridades- , está justificada por el “silencio y el boicot a la participación ciudadana” que muestran el Cabildo y la Viceconsejería de Recuperación Social y Económica (Gobierno de Canarias).

Tierra Bonita reprocha a ambos organismos públicos que hayan ignorado desde 2024 la solicitud de una reunión “interadministrativa urgente” presentada por este y otros colectivos para aclarar aspectos cruciales de la reconstrucción, un “silencio administrativo cómplice que rompe el principio de buena fe y respeto a los afectados”.

Tanto el Cabildo como el Gobierno canario son, para Tierra Bonita, “ejemplos humillantes del incumplimiento” de la Ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de La Palma, cuyo título II regula la participación ciudadana, pues la reconstrucción se está diseñando y ejecutando a espaldas de los afectados”.

Es decir, “la propia Administración, que ha hecho esta ley, la usa para crear un boicot normativo y una total incertidumbre respecto de la zona roja, y, a la vez, blindar las zonas de exclusión, negando cualquier posibilidad para la recuperación de usos en parcelas y fincas afectadas”.

La asociación también detecta “una grave opacidad” en la aplicación del artículo 14 de esta ley, que ofrece “una supuesta vía de escape para estos propietarios, al permitirles restablecer o reubicar las edificaciones y actividades agrarias preexistentes en parcelas de colada de menos de 10 metros de espesor, pero la realidad es que estos vecinos no reciben ninguna información clara ni protocolo sobre cómo ejercer” este derecho”.

Además, Tierra Bonita llama la atención sobre el hecho de que “se ha creado un paralizante caos normativo debido a una doble barrera legal, ya que el Cabildo mantiene el Decreto 2024/12897, publicado el 3 de diciembre de 2024, con su indefinida y eterna zona de exclusión, de rango inferior, que entra en contradicción directa con la zonificación por espesor de colada establecida en la Ley autonómica, norma de rango superior”.

La Ley de Volcanes, vigente desde octubre otorga al Gobierno una habilitación normativa especial para dictar disposiciones específicas ante una crisis volcánica. No obstante, a juicio de este colectivo ciudadano, “en lugar de utilizar esta potestad para generar certidumbre, la Administración pública la usa como un velo para perpetuar la opacidad”.

Cabe recordar también que hay personas que perdieron su primera vivienda en esta erupción y no han recibido indemnizaciones públicas por diversas cuestiones burocráticas, casos que “han caído injustamente en el olvido”.

En este contexto, Tierra Bonita considera que el acto de protesta convocado por vecinos de El Paraíso y Corazoncillo debería tener como reacción de las Administraciones públicas la adopción de medida para “el diálogo y la participación real de los afectados del volcán”, empezando por la celebración “urgente y sin excusas” de la reunión interadministrativa solicitada en julio de 2024, así como la convocatoria, también “urgente”, del Consejo para la Recuperación Social y Económica para La Palma previsto en la citada Ley 2/2024.

Tierra Bonita reclama también la publicación de los protocolos y mecanismos para que los propietarios puedan ejercer su derecho a la reubicación y a la recuperación; la publicación de todos los informes técnicos que justifican las prohibiciones en la “zona roja”; la derogación de la “arbitraria” zona de exclusión impuesta por el Cabildo en las coladas, sustituyéndola por criterios científicos “transparentes y alineados con esta Ley autonómica”, y el fin de la alerta (el llamado semáforo amarillo, según la terminología del Plan de Emergencias Volcánicas, PEVOLCA), “para permitir a los afectados iniciar sus proyectos de vida sin las restricciones propias de una emergencia activa”.

Una de sus acciones emprendidas por esta asociación es un recurso contencioso-administrativo que ha presentado en los tribunales “para combatir la opacidad, la falta de seguridad jurídica y el silencio institucional que rodea la gestión post eruptiva”, al tiempo que critica que el Cabildo palmero “de forma arbitraria, anteponga establecer una zona de exclusión a los legítimos derechos de los propietarios”.

Este recurso se ha topado “con el desprecio del Cabildo por las leyes judiciales, ya que una y otra vez se ha negado a facilitar el expediente administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que, llegado el caso, podría ser incluso un presunto delito”.