Organizaciones agrarias exigen al Gobierno de España el abono de 24,9 millones del Posei adicional

Las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAGA, COAG, UPA y PALCA muestran su “malestar” por los “continuos incumplimientos” del Estado con el abono del Posei adicional que afecta a 7.803 productores de Canarias.

En este contexto apremian al Ejecutivo autonómico a denunciar el impago de los 24,9 millones de euros, a los que se comprometió el ‘Pacto de las Flores’ con el sector agrícola y ganadero de las islas durante la anterior legislatura, al considerar que “daña la estabilidad económica de la actividad en las islas”.

Los fondos adeudados, que sirven para compensar los sobrecostes por producir en una región ultraperiférica además de para impulsar y garantizar la actividad agraria en las islas, corresponden a las campañas 2022, 2023 y 2024, señalan en una nota conjunta.

Sin estas cuantías se compromete la planificación de las empresas del sector y se pone en riesgo el empleo de una actividad enfocada al autoabastecimiento del territorio y a la aportación de paisaje, con el consiguiente “impacto socioeconómico” que representa para las zonas rurales del archipiélago, comentan.

El Posei adicional está recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y la normativa europea garantiza estas ayudas, sin embargo, el Estado solo ha transferido los 21 millones consignados para los tres últimos ejercicios, pero no ha cumplido con el incremento del 20% para determinadas líneas de la medida III a la ganadería ni con el 10% adicional de la medida I a la producción vegetal.

Esta situación ha obligado al Gobierno de Canarias a adelantar 16,4 millones de fondos propios para cubrir parcialmente las necesidades del sector.

Las organizaciones profesionales agrarias ya habían solicitado al Estado rectificar y efectuar una modificación de crédito para que se realicen las transferencias necesarias con el objetivo de resarcir los desembolsos adelantados por la Comunidad Autónoma y cubrir la ficha financiera de este año.

Así, apuntan que seguirán insistiendo en que se cumpla con una obligación anclada al REF.