Culmina la implantación de los Tribunales de Instancia en Canarias

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha culminado el proceso de implantación de los Tribunales de Instancia dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El pasado 31 de diciembre entraron en funcionamiento los tribunales de instancia correspondientes a la tercera y última fase de implantación, que afecta a los partidos judiciales de Santa Cruz de la Palma, Santa María de Guía, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, según ha detallado este viernes el Ejecutivo en un comunicado.

Esta fase agrupa a 152 juzgados unipersonales, así como a las Audiencias Provinciales y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que eleva a 179 el número total de órganos judiciales integrados en el nuevo modelo.

Según la Consejería, todos los órganos funcionan con normalidad, salvo incidencias derivadas del proceso de adaptación.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, señaló que el proceso de transformación debía completarse en el plazo de un año y que ha supuesto un coste superior a 13 millones de euros, asumido con recursos propios de la comunidad autónoma, pese a que la ley entró en vigor en enero de 2025, una vez aprobados los presupuestos autonómicos.

En Canarias, un total de 220 juzgados unipersonales se han transformado en 19 tribunales de instancia y 69 juzgados de paz han sido reconvertidos en oficinas municipales de justicia, lo que ha afectado a más de 2.400 empleados públicos.

La primera fase de implantación se inició el 1 de julio y afectó a 25 juzgados, que se transformaron en nueve tribunales de instancia, además de nueve registros civiles y 34 juzgados de paz, con 277 funcionarios afectados.

La segunda fase comenzó el 1 de octubre e incluyó 43 juzgados, cuatro registros civiles, once juzgados de paz y 490 funcionarios.

La tercera y última fase, puesta en marcha el 31 de diciembre, ha afectado a 1.675 profesionales, entre ellos magistrados y letrados de la Administración de Justicia, que desempeñan su labor en tribunales de instancia, oficinas municipales de justicia y registros civiles.

El proceso ha requerido la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo en la Mesa Sectorial de Negociación, coordinada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.