Podemos calcula que unos 45.000 inmigrantes podrían ser regularizados en Canarias

La regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno estatal gracias a un acuerdo con Podemos beneficiará directamente a más de 40.000 personas en Canarias. La medida, que ya ha provocado reacciones encendidas en la derecha política, supondrá, según aseguran desde el partido de izquierdas, un hito de justicia social, alivio económico y mejora de la convivencia.

Según la formación morada, a corto plazo, la regularización permitirá que entre 27.000 y 29.000 personas se incorporen al mercado laboral formal, muchas de ellas en sectores clave que sufren falta de mano de obra como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción. Esto implicará un aumento de hasta 200 millones de euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social solo en el Archipiélago. Además, el 72 % de las personas que serán regularizadas en Canarias tiene entre 20 y 40 años, lo que se traduce en un auténtico bono demográfico que rejuvenecerá el sistema y reforzará las pensiones futuras.

En palabras de Miguel López, secretario de Migraciones y Antirracismo de Podemos Canarias, “negar la documentación a personas que llevan años conviviendo con nosotras solo provocaba que vivieran abocadas a la marginalidad y a trabajos en negro. Este acuerdo permitirá que nuestros vecinos vivan con dignidad, accedan a derechos y mejoren su situación material”. López destaca que “en lugares como Lanzarote faltaba mano de obra en sectores como el campo o la hostelería. Ahora, tanto quienes querían trabajar como quienes necesitaban contratar van a poder hacerlo de forma regular. Aquí ganamos todos”.

De igual forma, aseguran que los datos desmienten categóricamente los mitos que agita la extrema derecha ya que, aseguran, la criminalidad entre las personas migrantes regularizadas cae hasta un 50 % según estudios comparados, dado que un gran porcentaje de inmigrantes en situación irregular se ven abocados a cometer delitos para subsistir ante la imposibilidad de acceder a un empleo.

A diferencia del discurso alarmista, la medida no generará un “efecto llamada”: solo podrán acogerse quienes ya estuvieran en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025, con cinco meses de residencia demostrada y sin antecedentes penales. No se trata de nuevos flujos, sino de reconocer a quienes ya viven en barrios de toda Canarias, en condiciones precarias e invisibles, bajo una economía sumergida. De igual medida, destacan, el 75% de los inmigrantes en situación irregular en Canarias proceden de latino-américa al contrario de lo que la derecha ha hecho creer.

“Esta es una victoria colectiva. Estamos cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos y haciendo lo que es justo: garantizar que todas las personas que forman parte de nuestras comunidades puedan vivir con derechos y contribuir en igualdad”, afirma López. Desde Podemos Canarias subrayan que esta medida no solo es humana, sino sensata: transforma un problema estructural en una oportunidad de futuro para las islas.