La diputada socialista de la isla de La Palma, Alicia Vanoostende, ha vuelto a reclamar al consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, la remisión íntegra del expediente relativo a la declaración de espacio protegido de la zona del volcán Tajogaite, cuestionando la falta de transparencia con la que el Ejecutivo de Fernando Clavijo está actuando en un asunto que afecta a personas que se vieron afectadas por la erupción volcánica.
Vanoostende trasladó esta inquietud al pleno de la Cámara autonómica, en la que recordó que pese a solicitar copia del expediente completo, la última respuesta recibida —en el mes de enero— se limitó al acuerdo de Gobierno para iniciar el trámite del anteproyecto de ley. “Nos faltan muchos informes técnicos y memorias que deberían acompañar a ese acuerdo”, mientras remiten a la parlamentaria a la fase de información pública prevista inicialmente para febrero, cuando el mes está a punto de expirar.
La parlamentaria subrayó que no se han remitido los estudios técnicos ni las memorias justificativas que deben sustentar la propuesta de delimitación del espacio natural protegido, incluyendo los valores ecológicos a preservar, la cartografía detallada, la delimitación exacta del ámbito afectado y el régimen de usos propuesto.
“Resulta incomprensible que se lleve un acuerdo al Consejo de Gobierno sin que existan informes o memorias técnicas que lo respalden. Y aún más difícil de entender es que, después de un año de tramitación, el único documento existente sea un texto de apenas varios folios”, afirmó.
La diputada denunció, además, que en torno a la delimitación de la futura zona protegida persiste “el misterio y el oscurantismo”, lo que está generando inquietud entre los vecinos afectados. Según indicó, numerosos propietarios han trasladado su preocupación por la falta de información y la inseguridad jurídica al desconocer cuál será la situación de sus parcelas. “Limitar la información a la oposición no ayuda a generar confianza. El Gobierno tiene la obligación de facilitar toda la documentación”, recalcó.
“La transparencia no puede ser opcional, especialmente en un asunto que afecta directamente a propietarios y vecinos y que tiene implicaciones jurídicas, territoriales y económicas de gran alcance”, concluyó.
