Canarias anuncia medidas por 29,8 millones para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado la aprobación de un documento en Consejo de Gobierno que recoge un paquete de medidas propias y una serie de solicitudes al Estado para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio por valor de 29,8 millones de euros para un periodo de 100 días, de los que el Ejecutivo central aportará 15 millones, mientras que en caso de que el conflicto se prolongase el coste de las iniciativas subiría a 60 millones.

Así lo ha dicho durante una rueda de prensa y después de que este mismo lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acordase con el presidente, Fernando Clavijo, que el Gobierno de España financiará con este fin a la CCAA hasta el 30 de junio con algo más de 15 millones de euros.

En este sentido, las iniciativas recogidas en el documento aprobado se llevarán ahora a un decreto ley que de efectividad a las propuestas y que se complementarán con las peticiones realizadas al Ejecutivo central después de que el archipiélago quedara fuera de las iniciativas adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis internacional.

Dichas actuaciones respondían al Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, cuyas medidas tributarias –centradas en el IVA y el Impuesto sobre hidrocarburos– no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico, además dicho decreto tiene una duración inicial de 100 días.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha ideado un paquete de medidas propias, dentro de sus competencias, para trasladar a las islas los efectos positivos de dichas iniciativas y mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles, la energía y los bienes básicos.

Entre las medidas propias acordadas por el Gobierno de Canarias, están la reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. En términos anuales se cifra en un coste de 14,1 millones y para un periodo de 100 días se calcula en 3,9 millones de euros.

También se incluye el incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. Este cambio se estima que tendría un coste anual de 19,4 millones de euros y para 100 días de 5,3 millones; o la aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. Esta acción se estima que tenga un coste anual de 3,2 millones y de 900.000 euros para 100 días.

De igual modo está la ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas. La medida se aplicaría a partir de julio de 2026 y tendría un coste para este año de 12,5 millones de euros.

Finalmente, el Gobierno creará un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.

Estas cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.

SOLICITUDES AL GOBIERNO DE ESPAÑA
Respecto a las solicitudes al Gobierno de España, está la flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias; la implantación de una bonificación estatal al precio del combustible; y la reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Asimismo, se pide la actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura; la puesta en marcha de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos; y la creación de un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos.

También se solicita una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para tener en cuenta las dificultades específicas de Canarias, incluyendo la posibilidad de prórrogas en la ejecución de proyectos y la revisión de objetivos afectados por el incremento de costes.

El Ejecutivo canario también reclama al Estado la adopción de medidas estructurales que refuercen la competitividad del Archipiélago, entre ellas la rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias; el impulso a proyectos estratégicos de energías renovables, como la geotermia y la eólica marina; el incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA); la exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad; y el aumento del límite de ayudas minimis para empresas.

INCORPORAR UNA ‘CLÁUSULA CANARIA’
El Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de incorporar una ‘cláusula canaria’ en cualquier medida estatal de respuesta a crisis, que permita adaptar las políticas públicas a las singularidades del Archipiélago.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha resaltado que estas iniciativas no persiguen privilegios, sino garantizar la equidad y corregir las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.