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Política
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Contigo La Palma reprocha al Gobierno canario la falta de transparencia sobre los beneficiarios de ayudas por el volcán

Javier Gutiérrez Taño, presidente de Contigo La Palma.

Contigo La Palma considera “muy grave” el rechazo de este martes, 9 de junio, por parte del Parlamento de Canarias, en sintonía con el Gobierno de Canarias y gracias al apoyo prestado por los partidos que sostienen al Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC, PP, ASG y AHI), a que se publiquen, con identificación de todas las personas beneficiarias y las cantidades recibidas, las ayudas destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos por la erupción volcánica del Tajogaite.

Esta formación política lamenta que “se oculte quién recibió las ayudas y cómo estas se calcularon”, y sostiene que esta “es una pregunta muy sencilla que debe ser respondida con transparencia y acceso público ilimitado a los datos”.

Javier Gutiérrez Taño, presidente de Contigo La Palma, subraya que “no hablamos de dinero privado; hablamos de fondos públicos que pertenecen a todos, y hay que saber cómo se reparten. Esto no es entrometerse en la vida de nadie”.

Al respecto señala que el derecho de acceso a la información pública “no es una concesión graciosa de los poderes públicos, sino una exigencia democrática que no puede depender de la voluntad política de quien ocupe el cargo”, y añade que “quien se opone a la transparencia, se opone al control ciudadano de la gestión pública” y esto es “hacer un daño a la democracia”.

Sobre esta cuestión, advierte, la normativa es muy clara. La Ley 38/2003, la general de subvenciones, y los reglamentos europeos 2021/241 y 651/2014 obligan a publicar quiénes son los beneficiarios de los apoyos públicos. “No se trata de algo opcional, sino que es un mandato vinculante cuando las ayudas se financian total o parcialmente con fondos públicos europeos o nacionales”, que es el caso, remarca Gutiérrez Taño.

Además, según indica, aquí hay otro argumento clave, “la protección de la intimidad del polémico artículo 10.6 de la Ley de Volcanes, introducido por el Gobierno de Canarias con posterioridad al informe del Consejo Consultivo sobre el texto aportado por los promotores de la iniciativa legislativa popular, no puede oponerse a normas estatales o europeas de rango igual o superior”.

“Lo más preocupante de todo lo ocurrido con este proceso es, sin duda, la deriva del Ejecutivo canario”, considera Gutiérrez Taño, ex director de Agricultura del Gobierno de Canarias en esta legislatura, pues, “antes de lo decidido este martes en el Parlamento regional con la mayoría de los partidos que apoyan al Gobierno, el Comisionado de Transparencia de Canarias, mediante la Resolución D2025000082, ordenó a la Consejería de Presidencia publicar esas ayudas. ¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno de Canarias? Demandar al propio Comisionado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que un Gobierno lleve a los tribunales a un órgano del Parlamento que lo controla es un hecho inaudito en Canarias y dibuja una línea muy fina entre la legalidad y el abuso institucional”, lamentó el presidente de Contigo La Palma.

Este martes, también en el Parlamento de Canarias, los servicios jurídicos de la Cámara dejaron por escrito que la negativa del Gobierno autonómico a publicar los beneficiarios de las ayudas carece de fundamento jurídico. Aun así, Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI, con la abstención de VOX, tumbaron la solicitud de acceso a la información de esas ayudas concedidas por los efectos destructivos del volcán palmero. Esta vez, “frente a la ley, ganó el silencio”, dijo Javier Gutiérrez Taño.

Para la formación Contigo La Palma, lo ocurrido es “un atropello en toda regla. Aquí no se discute una interpretación técnica, sino que se pisotea un derecho constitucional (artículo 105.b de la Constitución Española): el derecho de cada persona a saber cómo se gestiona su dinero. Está en juego la calidad de nuestra democracia y la obligación de cualquier gobierno de rendir cuentas a sus ciudadanos. La transparencia no es un favor, es una obligación. Y los palmeros y palmeras tienen derecho a saber, siempre”.

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