La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cinco años de cárcel y el pago de 42.000 euros a un vecino del municipio de Mazo que vendía cocaína desde su casa.
En el registro de la vivienda fueron intervenidos 300 gramos droga en un muro separado de la misma por una carretera; diversas cantidades de dinero, móviles y una pesa digital.
A principios de 2025, efectivos de la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma tuvieron noticias de que el acusado se estaba dedicando de forma habitual a la venta de estupefacientes en su propia residencia, por lo que montaron un servicio de vigilancia.
De esta manera comprobaron cómo acudían al lugar numerosas personas, muchas de las cuales eran conocidas como consumidores habituales y quienes tras hablar fugazmente con el procesado y darle dinero, recibían de éste lo que parecía ser una papelina con droga.
A partir de ahí interceptaron a dos compradores en fechas distintas a los que se les intervinieron cerca de un gramo de cocaína a cada uno con una pureza que oscilaba entre el 68% y el 83% y a los que se le impuso una multa por consumo y tenencia de estupefacientes.
El pasado 24 de enero, el juzgado autorizó la entrada y registro tanto de la casa de Mazo como de una Tasca que tenía en el centro de Santa Cruz de La Palma, donde había 190 euros sin que haya constancia de que proviniesen de la venta de droga.
En el domicilio fueron intervenidas dos bolsitas con casi dos gramos y 185 euros y una pesa, pero el grueso de la droga se encontró en muro tal y como detectaron los perros utilizados en esta operación.
La venta de la sustancia hubiese dado lugar a un beneficio de 17.500 euros, por lo que el acusado fue detenido e ingresó en situación personal de prisión provisional un mes más tarde.
La defensa alegó la inviolabilidad del domicilio, que gran parte de la droga estuviera en el muro fuera de su vivienda, con la que según dijo él no tenía nada que ver, y la ruptura de la cadena de custodia, dado que la sustancia no llegó hasta la Subdelegación del Gobierno hasta dos semanas más tarde.
La Audiencia responde que el hecho de encontrar la droga fuera de la casa deja sin efecto su alegato sobre la inviolabilidad del domicilio y aunque se planteó en cuestiones previas no ocurrió así en el informe final, y añade que la demora en analizar la sustancia no implica ruptura de la cadena de custodia.
A la hora de imponer la pena, la Audiencia tuvo en cuenta la agravante de reincidencia al haber sido condenado por el mismo delito en 2017 a tres años de cárcel, siendo suspendida su entrada en prisión por cinco, que se cumplieron en 2023.
La Fiscalía, por su parte, solicitaba seis años de prisión, multa de 52.500 euros, el decomiso tanto de los estupefacientes como de los móviles y la balanza digital encontrada y los 375 euros que estaban en la casa y en el negocio, que ahora se restan de la multa impuesta.
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