La Confederación de Empresarios de La Palma (CEPYME La Palma) y el Centro de Iniciativas y Turismo Insular de La Palma, que presiden Tomás Barreto y Antonio Sosa, respectivamente, han acordado instar a los Ayuntamientos de la Isla, que aún no han adaptado la revisión de sus Planes Generales de Ordenación a la normativa vigente, para que aceleren su tramitación y que concluya tal proceso lo antes posible.
Ambas organizaciones consideran que al amparo del nuevo decreto 232/2010 del Gobierno de Canarias, por el que se establece el régimen aplicable en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma a los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico, se hace necesario una pronta tramitación de los planes generales de ordenación y su adaptación al Plan Territorial Especial de Uso Turístico y, en su caso, al Plan Insular de Ordenación, si ya estuviera vigente.
Este decreto establece una correspondencia entre los requisitos y estándares aplicables a los establecimientos de turismo rural y los contemplados en la ordenación general, y prevé las excepciones necesarias para mantener el régimen específico, así como contempla la posibilidad de regularizar, como establecimientos turísticos de alojamiento en el medio rural, las edificaciones aisladas que acrediten su destino exclusivo turístico de manera ininterrumpida durante al menos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley.
Tomás Barreto indica que desde Cepyme La Palma se continuará reclamando la aprobación urgente de los planes de ordenación de los diferentes municipios, para que los propietarios de los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico, y también los inversores, promotores, y cualquier ciudadano, puedan invertir sin depender de diferentes interpretaciones y costosos retrasos burocráticos.
Asimismo, Tomás Barreto señala que los planes generales son la base del desarrollo y crecimiento de un municipio, y sin su aprobación no se puede crear empleo, crecer económicamente y dar mayor bienestar social a los ciudadanos.
Por su parte, Antonio Sosa destaca que con la agilización de estos trámites se da la posibilidad de arbitrar una solución satisfactoria a un buen número de establecimientos que durante años han estado fuera de la legalidad, y que contribuirán a mejorar la oferta alojativa de la Isla.
Para Antonio Sosa, se pone fin a una demanda de varios años, arbitrándose una vía para que se puedan regularizar estas casas situadas en el medio rural, que hoy es una realidad en la Isla y contribuye a disponer de una oferta que nos distingue de las tradicionales, representando un tercio de la misma. De ahí la importancia de este proceso de legalización, que desde el primer momento ha contado con la colaboracion del Cabildo Insular.
