Pleno del Cabildo.
La presencia de numerosos vecinos del Valle de Aridane no impidió que el Pleno del Cabildo rechazara este viernes, gracias a la mayoría absoluta de CC que votó en contra y a la abstención del PP, la moción presentada por el PSOE en la que se pedía instar al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a paralizar las dos plantas de asfalto de la zona industrial del Callejón de la Gata.
La consejera socialista, Amparo Martín, justificó esta iniciativa porque aún no ha dado respuesta a las miles de alegaciones presentadas, porque hay abierta una vía judicial y porque no se han elaborado estudios con mayor profundidad de sanidad ambiental.
Martín consideró una falta de respeto y un despropósito la falta de compromiso que se ha tenido con respecto a este tema, "desoyendo a más de 7.000 personas que desarrollan su actividad o residen en los núcleos poblacionales de El Paraíso, Tendiña, Tajuya, La Laguna y Todoque y que han visto cómo les han implantado y puesto en funcionamiento en el Polígono Industrial I-2, situado en la zona conocida como Callejón de La Gata no sólo una, sino de dos plantas de producción de material asfáltico".
La consejera mostró el apoyo de su grupo a los muchos vecinos afectados que se han organizado entorno a la "Plataforma en contra de la instalación de Plantas de Asfalto en el Valle de Aridane", que para hacer valer y defender su derecho a la salud y a la calidad de vida, han presentado alrededor de 1.500 alegaciones contra el otorgamiento de las licencias, sin que a día de hoy hayan tenido una respuesta, y están pendientes de recibir la resolución judicial a la espera de que el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane le remita lo que los estamentos judiciales le han solicitado". Algo que, según dijo, va para largo porque se le han requerido 25 documentos y sólo ha entregado dos.
Por otro lado, llamó también la atención sobre las asociaciones de padres y madres de los cinco centros escolares de Infantil y Primaria que acogen a más de 200 niños y niñas, y que han mostrado su preocupación y malestar por la instalación de este tipo de instalaciones tan próximos a sus centros.
Asimismo, afirmó que no entienden cómo se puede mostrar tanta pasividad e irresponsabilidad ante el hecho de que los diversos informes elaborados al respecto demuestren la contaminación que esta situación está provocando, y que puede repercutir directamente tanto en la salud de los vecinos como en el del ecosistema", destacando el informe elaborado por la Sociedad Canaria de Asma, Alergología, Inmunología y Biología Molecular, que rechazan este tipo de instalaciones".
La consejera socialista exigió una actuación inmediata, y que se hagan cumplir la legislación que reconoce los derechos de las personas por encima de cualquier interés, sea del tipo que sea, al tiempo que puso en duda los estudios de impacto ambiental que las empresas han ofrecido ya que "no se ajustan a la realidad, pues muestran los datos que más les favorecen para el desarrollo de su actividad obviando la primacía del bienestar y la calidad de vida de los y las habitantes afectados". Y advirtió que estas plantas harán imposible la instalación de empresas de productos de alimentación, explotaciones ecológicas y de turismo rural y que si no se hubiera tardado quince años en aprobar el Plan Isular de Ordenación de la Isla este problema no se hubiera planteado y "no estaríamos aquí debatiéndolo".
Por su parte el consejero de Planificación, Luis Viña, manifestó respecto a esta conflicto, que el Cabildo se ha limitado a clasificar la actividad según la ley y no por capricho porque "las reglas tiene que ser iguales para todos". Y que se calificó como nociva y peligrosa porque es susceptible de producir gases, ruidos, olores y polvo si no se adoptan las medidas correctoras que el Cabildo les ha impuesto y que son de obligado cumplimiento. "El Cabildo impone medidas correctoras para evitar molestias", insistió Viña, que explicó que también se les exige a las empresas un seguro de responsabilidad civil, instalaciones contraincendios, sistemas de insonorización y la elaboración de un programa de vigilancia ambiental.
El consejero agregó que quien tiene las competencias para hacer cumplir estas medidas es el ayuntamiento y que si no lo hace, el Cabildo las hará cumplir en última instancia pero que su función se ha limitado a cumplir la ley.
Por el PP, Carlos Cabrera dijo que la propuesta de los socialistas no resolvía el problema, que tenía tintes electoralistas y que lo que hacía falta era asumir compromisos para el futuro porque "lo cierto es que no se han hecho los deberes y creo que la responsabilidad es compartida". A su juicio, La Palma no necesita 3 o 4 plantas de asfalto, con una sería suficiente y por eso insistió en la necesidad de llegar a consensos para el futuro.
Archivado en:
Últimas noticias
Lo último en blogs
