El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Tazacorte afirma que el "demoledor" informe emitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias relativo a la fiscalización de la contratación administrativa del ayuntamiento en el ejercicio 2006 demuestra que "UB-CC maneja los recursos públicos como si Tazacorte fuera una finca de su propiedad, obviando la Ley de Contratos".
El informe de la Audiencia de Cuentas, elaborado tras la denuncia presentada por el PSC-PSOE ante este organismo por "la falta de transparencia y supuestas irregularidades cometidas en su gestión por parte de la Corporación bagañeta", concluye que la actividad económica y financiera de este Ayuntamiento "no se ha ajustado a la normativa de aplicación", tal y como anunciaron los socialistas en 2006.
En las conclusiones de la auditoria de la Audiencia se señala que "existen gastos para los que no se tramitaron expedientes de contratación y que pudieron ser objeto de fraccionamiento y, como consecuencia, se eludieron los requisitos de publicidad y la forma de adjudicación que correspondía".
"El resultado de esta práctica, continúa el informe, es que la corporación tramitó sucesivos contratos menores, con infracción de la normativa contractual, ya que el contrato debía abarcar la totalidad del objeto determinado según las necesidades de la Administración local, sin embargo fue dividido contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".
Para la concejal del PSC-PSOE de Tazacorte Carmen Acosta "el equipo de Gobierno del Ayuntamiento fraccionó la obra en diversas partidas que no excedieran de los 30.000 euros para poder asignarla a dedo y sin tener que llevarla a concurso público".
Y así, explica la también diputada regional, "poder conceder todas las fases de la construcción al mismo empresario; lo que demuestra el favoritismo con determinadas empresas, y en detrimento de otras de esta misma localidad, por el que se rige la toma de decisiones del Consistorio bagañete".
Los socialistas califican estos hechos como "una nueva irresponsabilidad manifiesta de los dirigentes locales de UB-CC", y aununcian que solicitarán la convocatoria de un pleno extraordinario en el que exigirán explicaciones y responsabilidades políticas.
El informe de la Audiencia recoge asimismo que el Ayuntamiento de Tazacorte "no tiene constituido el registro público de contratos que establece la Ley" y señala que "los expedientes de contratación fiscalizados carecen de documentos y trámites esenciales para todo contrato público, como la certificación de la existencia de crédito presupuestario y la fiscalización previa y material por parte de la Intervención".
