El Consejo de Gobierno se reunió hoy en La Palma, pero no trató nada de la Isla

El Consejo de Gobierno canario, presidido por Paulino Rivero, se reunió esta mañana en el Palacio Salazar de Santa Cruz de La Palma pero no trató ni un solo tema específico de La Palma. De hecho, el Consejo aprobó un importante paquete de medidas pero todas de carácter regional.

Esta es la segunda vez en esta legislatura que el Consejo de Gobierno se reúne en la Isla Bonita, ya que según explicó el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, el objetivo es que "la acción de Gobierno no sólo se circunscriba a Tenerife y Gran Canaria, sino a todos las Islas. Canarias son siete islas y no sólo Gran Canaria y Tenerife. Habitualmente los Consejos, como la Presidencia tiene su residencia esta legislatura en Gran Canaria, se celebran en Las Palmas, también se han celebrado alternativamente por motivos de agenda en Tenerife y este es el segundo Consejo de Gobierno que se celebra en esta Isla en esta legislatura. Se han celebrado Consejos de Gobierno también en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro".

"En definitiva – señaló Marrero- el criterio es que la acción de gobierno radica en todas las islas, no tiene por qué estar centralizado en las que se han denominado islas capitalinas, así que se viene y se está en las islas no capitalinas con asuntos ordinarios del orden del día del Consejo de Gobierno, es decir, no se trata de una especie de maquillaje de Plan "Bienvenido Mr. Marshall" para abordar asuntos muy específicos, sino que se abordan asuntos ordinarios con absoluta normalidad porque se entiende que todas las Islas tienen derecho a que el Consejo de Gobierno se reúna, aborde los temas de Gobierno y tomé decisiones en cualquiera de las siete Islas Canarias".

Entre los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno figura la autorización de una ampliación de un crédito de 3,4 millones de euros para la gestión de la Ley de Dependencia, también acordó la actualización del Fondo de Financiación Municipal en casi 5 millones de euros y aprobó igualmente una partida de 2,6 millones para apoyar a los ayuntamientos canarios en la gestión de su planeamiento.

El Consejo de Gobierno acordó asimismo destinar 11 millones de euros al turno de oficio y a la asistencia jurídica gratuita, autorizó un gasto de 13,5 millones de euros para la gestión de los dispositivos de emergencia de atención a menores extranjeros no acompañados y aprobó el decreto que regula la reserva específica de derechos de caprino y ovino para Canarias. El Gobierno dio luz verde a un gasto de casi 12 millones de euros para la contratación de auxiliares educativos para la atención del alumnado con discapacidad, también dio el visto bueno a la prórroga del contrato del servicio de limpieza y servicios administrativos de la Consejería de Educación por 45 millones de euros y acordó conceder una subvención de 400.000 euros a Sogarte para financiar el coste del aval de los préstamos solicitados por las pymes.

Los 101 millones de Tebeto

También el Consejo de Gobierno ha decidido en el día de hoy que los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma soliciten al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el fraccionamiento en cinco años de la cantidad que ha de pagar, 101 millones de euros, en concepto de la explotación minera que nunca llegó a iniciarse en Tebeto.

Los argumentos, según Marrero, para solicitar este fraccionamiento de cinco años del pago de 101 millones de euros es "un informe proveniente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias en el cual se justifica que el abono inmediato y de una sola vez de estos 101 millones de euros supondría un grave quebranto para las arcas autonómicas, que además se produce en una situación de crisis y que por tanto afectaría al mantenimiento de servicios públicos esenciales".

Esta actuación jurisdiccional se decide un días antes de que se cumpla el plazo para la ejecución provisional de la sentencia que se cumple mañana miércoles, 22 de julio y "hoy es cuando se adopta este acuerdo de fraccionamiento del pago en todo caso, puesto que ya se había presentado un recurso de súplica contra la providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en la que se pedía la anulación de esa ejecución provisional y de no ser así el hecho que no se tuviera que pagar en quince días, como se establecía en la providencia de referencia, sino que ese plazo fuera de tres meses". Ahora la solicitud es que el plazo sea de cinco años.