El Pleno del Cabildo acordó hoy por unimidad rechazar de forma rotunda la posibilidad de que se supriman los Juzgados de Instrucción de Los Llanos de Aridane o de Santa Cruz de La Palma.
La moción presentada conjuntamente por los portavoces del grupo de Coalición Canaria, Luis Viña, y del Partido Socialista Canario, Anselmo Pestana, impugna la propuesta de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, en lo que a los dos partidos judiciales palmeros se refiere.
El texto se justifica por la aprobación el pasado 19 de abril, por parte del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de una propuesta para reducir los partidos judiciales existentes en el país a menos de la mitad.
En el caso de la provincia tinerfeña, dicho recorte supondría la supresión de cinco de los doce actuales, entre ellos dos partidos judiciales existentes en La Palma, el de Los Llanos de Aridane o el de Santa Cruz de La Palma.
Las dos reglas que presiden este reajuste del mapa judicial español son, por un lado, que los partidos judiciales deben cubrir áreas de más de 100.000 habitantes y su cabeza debe estar a menos de una hora de camino. En la moción se justifica el que "desafortunadamente, se utiliza el criterio de tabla rasa a la hora de llevar a cabo una planificación de la administración de justicia para todos los territorios del Estado español, dando la impresión de que se toman decisiones para reorganizar el mapa judicial sobre un plano cartográfico".
Además, se alude a que no se tienen en cuenta otro tipo de criterios, como son razones de carácter histórico, social, económico, de eficiencia y de calidad a la hora de la prestación del servicio para el conjunto de la población de la Isla, lo que sugiere "un enorme grado de desconocimiento de una realidad territorial fundamental que es el hecho insular". La aplicación taxativa de este criterio supondría que cinco de las siete islas que conforman la Comunidad Autónoma de Canarias, se quedarían sin juzgados.
Por otro lado, se indica en la moción que "resulta paradójico que el CGPJ argumente, para llevar a cabo estas reestructuraciones, la utilización de premisas como la mejora de la atención y proximidad al ciudadano o evitar desplazamientos innecesarios del justiciable".
En conclusión, para los grupos de CC y PSOE, se trata de unas medidas que si se confirman supondrán "un retroceso en el acceso al servicio de la justicia por parte de la ciudadanía de La Palma y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que en la actualidad desempeñan su labor en juzgados de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma".
