La capital palmera se sumó a las manifestaciones en defensa de los servicios públicos

La capital palmera se sumó también ayer a la celebración de una manifestación en defensa de los servicios públicos, que recorrió la Calle Real desde la plaza España hasta la Delegación del Gobierno, donde se leyó un comunicado conjunto de los sindicatos convocantes.

Los sindicatos denunciaron que "las actuales políticas privatizadoras restan recursos a los servicios públicos en favor de los beneficios empresariales de unos pocos que, junto con los recortes presupuestarios experimentados en los últimos tres años y el ataque frontal a los empleados públicos, han debilitado los servicios públicos que recibe la ciudadanía y han puesto en riesgo el mantenimiento y la continuidad de los servicios esenciales, que hasta ahora habían definido el estado de bienestar, y quiebran el marco de derechos democráticos  y laborales".

Según indicaron, el escenario de la crisis está siendo utilizado como la "excusa perfecta" para sustraer recursos de los servicios esenciales justamente cuando, desde esa situación de crisis, que castiga con el paro y la exclusión social a miles de familias canarias, se debe apostar por reforzarlos y así garantizar las necesarias coberturas sociales, el obligado amparo del Estado y del Gobierno de Canarias y la atención igualitaria y solidaria para toda la ciudadanía.

Los sindicato pusieron el acento en que "la repercusión de esta política de recortes indiscriminada que vienen realizando el Gobierno Central y canario" tiene una enorme incidencia en las administraciones locales, las más cercanas al ciudadano, que han visto cómo se merman los recursos que necesitan para la prestación de los servicios sociales a la ciudadanía.

"Estamos asistiendo a una precarización de los servicios públicos, en una situación de extrema gravedad social y laboral, caracterizada por un desempleo que se acerca al 32% y sobrepasa las 340.000 personas en Canarias y más de 10.000 en La Palma", indicaron, al tiempo que rechazaron esta forma de gobernar de espaldas  a los derechos de los trabajadores y los ciudadanos en general.

Los sindicatos realzaron, por último, el papel de los empleados públicos diciendo que "son los garantes de los derechos de los ciudadanos, sobre su profesionalidad y trabajo recae el estado de bienestar, la justicia social, los derechos y avances democráticos y los servicios que recibe la ciudadanía. Son los prestadores de servicios públicos, los que atienden en los hospitales, los que garantizan la seguridad y los derechos individuales y colectivos, los que hacen que la educación y la formación gratuita de nuestros hijos sea posible, los que hacen que los servicios públicos y sociales lleguen a todos los ciudadanos".