CC asegura que la reforma de la Administración local discriminaría a 13 de los 14 ayuntamientos

Coalición Canaria en La Palma expresó su "preocupación ante el drástico recorte de servicios municipales que trae aparejada la reforma local emprendida por el Gobierno del PP", al tiempo que apuesta por "defender el mantenimiento de los servicios públicos en todos los ayuntamientos de la Isla".

Así lo expresó el secretario de organización de los nacionalistas palmeros, Marcos Lorenzo, en un comunicado donde recordó que su formación "lleva años reivindicando la necesidad de clarificar y simplificar el ámbito competencial de las administraciones públicas y, más concretamente, que se cumpla la actual Ley de Bases de Régimen Local". Los nacionalistas sostienen que "en la legislación existente en la actualidad se establece el imperativo de dotar a la Administración local de los recursos suficientes para hacer frente, con garantías presupuestarias, a todos los servicios que desde allí se prestan". Si bien, matizó que "lo que no comparte Coalición Canaria es la forma y el trasfondo recentralizador de la reforma emprendida por el PP".

Lejos de fortalecer la administración municipal, CC cree que el anteproyecto presentado por el Gobierno del PP desnaturaliza el papel de los ayuntamientos como Administración más cercana al ciudadano. "Tal y como está planteada en la actualidad, esta reforma legislativa va a suponer un enorme retroceso en la prestación de servicios y en la calidad de los mismos".

Con esta nueva Ley, el Gobierno del PP pretende ahorrar 7.129 millones de euros en el periodo 2013-2015. "De todo ese supuesto ahorro, casi el 80% deriva de la eliminación, de facto, de servicios públicos, principalmente en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Lo cual supone que las administraciones locales en La Palma quedan, en su práctica totalidad, vacías de contenido, discriminando injustamente a los habitantes de los ayuntamientos más pequeños, es decir, a trece de los catorce ayuntamientos palmeros".

Entre las competencias que se pretenden suprimir totalmente de la gran mayoría de los ayuntamientos palmeros, se encuentran sanidad y educación y, lo que es aún más preocupante, los asuntos sociales, para los cuales se establece un año para su traspaso a la Comunidad Autónoma, a la cual no se prevé asignar ningún tipo de financiación extra para su mantenimiento.

Así, CC cree que los servicios como la ayuda a domicilio, los centros de día para personas mayores o las escuelas infantiles municipales "quedarán totalmente desatendidos". Otros servicios que quedan en el limbo en la mayoría de los ayuntamientos de La Palma son los relacionados con las ayudas de emergencia social, protección civil, promoción de la cultura y el deporte, juventud, turismo, las agencias de empleo y desarrollo local, la colaboración con ONG y asociaciones de vecinos y un largo etcétera.

Paralelamente, la eliminación de los servicios públicos en los municipios más pequeños traerá aparejada también la pérdida de puestos de trabajo en estas administraciones locales. Lo que supone "otra medida del Gobierno de Mariano Rajoy que hará seguir aumentando aún más el paro en este país".

CC considera que el Partido Popular, "hará pagar nuevamente los platos rotos de la situación de crisis actual a los más débiles, en este caso, a los pequeños ayuntamientos y a los ciudadanos a los cuales prestan servicios. La cuantía a la que asciende el total de la deuda pública española a 31 de diciembre de 2012 es de 817.164 millones de euros, de los cuales un 76,8% deriva precisamente de la Administración central, un 18,4 % de las comunidades autónomas y sólo un 4,8% de la Administración local, que "se pretende desmantelar".

CC cree que se trata de "una Ley claramente intervencionista del Estado sobre la Administración local y que se está tramitando al margen de cualquier tipo de consenso previo con el resto de partidos políticos". El Gobierno del Partido Popular, "contra lo afirmado en su día por sus representantes en Canarias, ha ignorado absolutamente las recomendaciones de la Federación Canaria de Municipios sobre la necesidad de tener en cuenta el hecho diferencial canario y los problemas derivados de la doble insularidad. En Canarias la aplicación de esta Ley no va a suponer ningún ahorro, sino todo lo contrario, salvo que ocurra lo que nos tememos que va a ocurrir, que se elimine la prestación de servicios, sobre todo en los municipios rurales más pequeños y alejados".