¿Qué ocultos intereses quieren obstaculizar el desarrollo económico de la isla de La Palma?

La modificación propuesta por el Cabildo Insular de La Palma de La ley turística de las islas verdes, como se conoce a la Ley 6/2002, de 12 de junio sobre “Medidas de ordenación territorial de la actividad turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma”, que el próximo mes de septiembre tiene previsto pasar el trámite Parlamentario para su aprobación definitiva, tiene como principal objetivo buscar un marco legal que facilite el desarrollo económico de las mal consideradas “islas menores”, con el fin de sacarlas definitivamente del marasmo y la ignominia a que han sido sometidas a lo largo de muchos años.

Este marco legal con sus correspondientes enmiendas, ha sido consensuado por la casi totalidad de los grupos políticos que conforman en el Parlamento de Canarias: CC, PSOE, PP y Grupo Mixto.

Y ahora, una fuerza minoritaria y con escasa representación en el Parlamento de Canarias y nula representatividad en la isla de La Palma, todo hay que decirlo, pretende recurrir a organismos externos a este Parlamento para intentar frenar esta iniciativa, despreciando al Parlamento y las fuerzas políticas representadas en él. Se pretende dirigir a la Comisión de la Unión Europea, y está firmada por Santiago Pérez, concejal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna.

Esta Asociación, y a la vista de las manifestaciones vertidas estos días por el susodicho señor, entiende que los palmeros somos suficientemente merecedores de poder decidir por nosotros mismos nuestro propio desarrollo. La Palma no puede regirse por las pretendidas directrices marcadas por un político “venido a menos” que ha practicado incluso el “transfuguismo político” y que hoy ostenta una escasa o nula representatividad; y que mucho nos tememos, parecen responde a “repentinos y oscuros intereses económicos”, surgidos desde fuera de nuestra Isla.

Se atreven a hablar de “daños irreparables al medio ambiente de las Islas Canarias”, y nos preguntamos dónde estaban estos políticos en aquellos años de desarrollo turístico desorbitado, más allá de las islas verdes, utilizando a su antojo los instrumentos de ordenación territorial para transformar el suelo rústico en suelo urbanizado, actuaciones equivocadas o a lo sumo de dudoso proceder, que significaron un duro hándicap para el “turismo de calidad” como se ha reconocido posteriormente.

La denuncia en muchos de los casos se apoya en auténticas “falsedades” con aires grandilocuentes y puramente efectistas, así se denuncia a los previstos campos de golf de Fuencaliente y Puntagorda, por “limitar” con los Monumentos Naturales de Cumbre Vieja y de la costa de Hiscaguán, respectivamente. Nos preguntamos desde cuándo los terrenos limítrofes con un Monumento Natural están afectados por el mismo y se prohíbe su desarrollo.

En otros casos, se denuncia a otro campo de golf, por albergar en una pequeña parte de su terreno, el 24 % de su superficie para ser exactos, como Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) denominada Cumbres y Acantilados del Norte de La Palma. En este caso la pregunta parece más obvia, ¿desde cuándo en las cumbres y los acantilados se juega al golf?

Por todo ello, emplazamos a Santiago Pérez y al partido que este señor representa a que se persone en La Palma y nos explique a los palmeros (también a herreños y gomeros) en que nos beneficia a nosotros su denuncia ante las autoridades comunitarias o cuáles son realmente sus verdaderas intenciones. Estaremos sumamente encantados de escucharle.

Del mismo modo que determinados partidos políticos reivindican su capacidad para tomar decisiones en Canarias, nosotros manifestamos que las decisiones que afectan seriamente a los intereses de las islas menores, las deben tomar los ciudadanos de esas islas sin la tutela de los políticos de las islas mayores, puesto que hasta la fecha sólo han significado pobreza y subdesarrollo.

En este caso, el Gobierno de Canarias ha escuchado a las islas periféricas y ha aprobado mayoritariamente una ley que con un amplio consenso se debatirá en el Parlamento de Canarias. Nosotros pedimos que se respeten esos acuerdos democráticos y no se usen otras vías para seguir manteniendo a La Palma en la más absoluta precariedad económica.