Podemos recurre la Ley Turística de las Islas Verdes ante el Tribunal Constitucional

El Grupo Parlamentario Podemos lleva la Ley Turística de las Islas Verdes ante el Tribunal Constitucional, a través de un recurso de amparo, al entender que se han vulnerado sus derechos como cargos públicos a participar en condiciones de igualdad en la tramitación de esta ley, tal y como se recoge en el artículo 23 de la Constitución, que afirma que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos por sufragio universal”.

En el recurso de amparo, según explica la formación morada, se detalla cómo el Parlamento de Canarias -a través primero de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y más tarde a través de la propia Mesa de la Cámara- lesionaron ese derecho fundamental de los diputados de Podemos negándoles la posibilidad de participar en el debate en ponencia y comisión. Lo hicieron no calificando las enmiendas parciales -que presentó el Grupo al Proyecto de Ley elaborado por el Cabildo Insular de La Palma para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma- argumentando que “eran una enmienda a la totalidad encubierta”.

Podemos recurrió esta decisión a la Mesa del Parlamento, la cual desestimó la reclamación afirmando que “no es posible que a través de lo que se presentan como enmiendas parciales se pretenda anular por completo el contenido de la iniciativa legislativa”. Pero según sostiene este recurso de amparo, esto contradice al propio Tribunal Constitucional que en varias sentencias recoge “que las Mesas de los Parlamentos deben limitar su función, admitiendo y calificando, para no perturbar con su decisión el derecho de los diputados a suscitar el debate parlamentario”. Es decir, “deben ejercer únicamente como órgano de gobierno porque si no se convertirían en uno netamente político”.

En este caso, la Mesa del Parlamento, indica la formación, sí que cercenó la posibilidad de participar en el debate del Grupo Parlamentario Podemos, pero no ocurrió así con el resto de grupos para los cuales realizó una interpretación muy flexible y generosa del Reglamento de la Cámara. Aceptó, por ejemplo, señala, las enmiendas del Grupo de Nueva Canarias a pesar de que el propio partido “admitió una falta de conexión con el propio objeto de la Ley”. También aceptó las del Grupo Parlamentario Popular “a pesar de que afectan al espíritu inicial y a todos los artículos de la Proposición de Ley”, o las de Coalición Canaria y del Partido Socialista “cuyo contenido es completamente ajeno al objeto, finalidad y alcance de la Proposición No de Ley”. De hecho, estos dos grupos cambiaron el título inicial de la norma argumentando que su modificaciones eran de mayor amplitud que el texto inicial del Cabildo palmero, lo que va en contra de la toma en consideración que se realizó en el pleno.

Los diputados de Podemos consideran que el anuncio de la presentación de este recurso de amparo ha propiciado que la Mesa rectificara y permitiera que el Grupo Parlamentario participe en el debate de la Ley en pleno. Sin embargo, dice, la vulneración de derechos durante el trámite parlamentario ha sido tan flagrante que es necesario que el Tribunal Constitucional se pronuncie para determinar si se han cercenado los principios básicos democráticos.

Además, Podemos continuará estudiando otras acciones tanto jurídicas como políticas para evitar que esta norma finalmente tenga efecto, porque “reproduce los aspectos más desarrollistas de la Ley del Suelo, contribuye a la destrucción del paisaje y a la falta de previsión de un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, ya que abre la puerta a la construcción de 33 hoteles y cinco campos de golf en la isla de La Palma, reproduciendo de esta forma un modelo totalmente destructivo con el territorio”.