El Parlamento aprueba la ley de las islas verdes con la que La Palma aspira a crecer turísticamente

El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes con el voto a favor de CC, PSOE y PP y en contra de Nueva Canarias y Podemos, la Proposición de Ley presentada por el Cabildo palmero que modifica los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Una aprobación que fue aplaudida desde el palco de invitados por el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, y los consejeros del grupo de gobierno y de la oposición que asistieron al debate de este punto porque con esta norma la Isla quiere crecer turísticamente.

El primero en intervenir en el debate de este asunto fue el diputado de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que recordó que “nosotros reconocimos la necesidad y la oportundiad de esta iniciativa prsentada por el Cabildo de La Palma. Entendíamos que la pretensión era resolver un asunto que podría contribuir a mejorar la economía de la Isla y por eso dimos el voto favorable, pero en la tramitación surgieron enmiendas sustanciales pesentadas por el PSOE y CC, con el apoyo del PP. Cambian sustancialmente el contenido de la ley y la transforman en una cosa disntinta a lo plantado aquí por el presidente del Cabildo”.

Rodríguez manifestó entre otras cosas que “se elimina la capacidad de carga de la Isla, el ritmo de crecimiento, se eliminan las distancias y se reducen los espacios hasta el absurdo. La Isla convierte en suelo potencialmente urbanizable turístico todo su territorio”. Indicó además que se recogen seis instalaciones suspendidas por el Tribunal Supremo y un conjunto de actuaciones que generan desigualdad. “Esta ley no es lo que nos pidió el presidente del Cabildo, sino volver al desarrollismo. Lo que hoy se vota nada que tiene ver con lo que se planteó, es una sobredosis de la Ley del Suelo que viene aquí con una enorme inseguridad jurídica”. En su opinión, esta norma va a estar judicializada y puede provocar una frustración más a los palmeros.

Casimiro Curbelo, por la Agrupación Socialista Gomera, ASC, en cambio afirmó que sí es la ley que pidió el Cabildo de La Palma y “seguro que también la comparte la presidenta del Cabildo herreño igual que yo”, e indicó que aunque sea la sexta modificación de esta ley, los dos objetivos que se programaron en la de 2002 fracasaron: fomentar un modelo turítico singular para las islas menores, y a través de ese modelo propiciar un desarrollo económico, social y demográfico que no se ha visto. “120 plazas se han creado desde entonces”, apuntó, y añadió “nosotros queremos acabar con la emigración de nuestra gente que se va de nuestras islas, generar riqueza y empleo y el turismo es la fuente principal para hacerlo. Vamos a pertrecharnos del modelo”.

Es un modelo bueno, señaló, para preservar el medio rural y activar la economía. “Si finalmente ocurre lo que pienso, que Podemos y Nueva Canarias se van a oponer a esta ley, fíjense en la foto, 15 diputados de las islas menores: 4 del PSOE, 3 ASG, 5 CC y 3 del PP, ninguno que haya sido elegido ni en La Palma, ni en La Gomera ni en El Hierro es de los partidos que se oponen”. Por eso, consideró que es bueno trabajar por hablar más y no lanzarse a un discurso fácil para un proyecto de ley que “va a un desarollo sostenible, que respete el medio ambiente y que genere riqueza a nuestra gente”. Y es que el político gomero indicó que “no solo vamos a ser un parque, a La Gomera llegan 630.000 turistas cada año y no hemos hecho un modelo desarrollista ni hemos invadido el medio rural”. Así las cosas, consideró que “sería más prudente apoyar esta iniciativa porque La Gomera, El Hierro y La Palma necesitan el apoyo de este modelo para equilibrar el desarrollo”. Finalizó diciendo que “probablemente los que voten aquí en contra no vivan en estas islas”, comentó.

Asunción Delgado Luzardo, en representación de Podemos, empezó su intervención señalando que se sentía diputada de todas las islas y “las defiendo por igual”, respondiendo así a Curbelo. La diputada culpó a los dirigentes políticos que han gobernado las islas en los últimos años de no haber sabido aplicar el modelo turístico aprobado. Lo que no se entiende, expresó, es que no pidan perdón a la gente por el fracaso en la gestión en estas islas. Dijo que la solución para las islas verdes no es el modelo del turismo de masas, “fijénse que la gente que vive en los municipios turísticos es la más pobre de Canarias. La solución al grave problema socioeconómico de estas islas no puede ser la destrucción de sus recursos ni vender al mejor postor sus bienes más valiosos. En ese modelo el negocio es para los de fuera”, espetó. La diputada propuso abrir un debate sobre el modelo adecuado para estas islas en lugar de “traer aquí una ley terminada y cerrada”. “Que esta proposición de ley vuelva a la comisión”, pidió porque “esta aprobación supone un fraude de ley, es inconstitucional ya que va en contra de legislación europea y estatal”. Con esta modificación, la diputada explicó que “se pueden construir muchas más camas turísticas en menos suelo, no habrá distancias mínimas entre actuaciones turísticas en suelo rústico, se dirá adiós a la actividad agraria y plantamos urbanizaciones turísticas, aunque tienen el cinismo de decir que va a contribuir al sostenemiento del sector agrario”.

Miguel Jesús Jorge Blanco, por el PP, recordó que se iba a votar el dictamen final de una proposición de ley que modifica la del año 2002 que no ha cumplido sus objetivos. Apenas 164 plazas turísticas en 14 años en La Palma. Con ello, afirmó, lo que se ha fomentado es el desencanto y la impotencia de unas sociedades deseosas de salir adelante. “Todo tiene remedio, y esto también. No sé si con las modificaciones que hoy aprobaremos despegarán pero quedándonos con las manos quietas no resolveremos el problema”. Permitan, dijo al pleno, desarrollar nuevos complejos turísticos y superar la creencia de sociedades subvencionadas. “No son islas donde el reloj se paró, estas islas no pueden quedarse atrás. Hay que gente que no quiere que las cosas cambien en estas islas, maniatando el futuro. Nosotros queremos islas abiertas al mundo, con dinamismo. Somos legisladores y tenemos la responsabilidad de mejorar la vida de nuestros vecinos y los ciudadanos de estas islas tienen el mismo derecho que las demás al desarrollo turístico”. “Un sí rotundo la progreso de estas tres islas”, dijo el diputado popular que consideró que se trata de un primer paso para una nueva regulación del suelo en Canarias.

Por el PSOE, intevino Manuel Marcos Pérez Hernández, quien manifestó que escuchando las intervenciones de Nueva Canarias y Podemos “nace el apocalipsis para estas tres islas”. Recordó que según los últimos datos del ISTAC, Lanzarote es la isla con mayor renta per capita y le siguen Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, estando a la cola La Palma, La Gomera y El Hierro. Las actividades turísticas representan el 32% de la actividad económica en el Archipiélago y las islas siguen batiendo récords en llegada de turistas y en gasto, unas cifras que sin embargo, precisió, ofrecen un beneficio social desigual en función del territorio donde se produzca. Solo en los municipios de Tías y Yaiza, en Lanzarote, dijo, existen más de 21.000 plazas hoteleras mientras que en El Hierro, La Gomera y La Palma juntas hay 6.200 camas hoteleras. “Si la comparativa la hacemos con la totalidad de la isla de Lanzarote, la diferencia se eleva a 24.000 camas”. Otro dato que dio que es solo en Fuenteventura existen 17. 530 personas dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadores turísticos mientras en las islas verdes hay 5.816. Estas cifras son suficientes para decir, afimó, que resulta necesario incorporar el desarrollo turístico a La Palma, La Gomera y El Hierro como un elemento de carácter estratégico.

Manuel Marcos apuntó que la pretendida “estigmatización” respecto al desarrollo turístico de estas tres islas supone un “comportaminto insolidario y una desconsideración” a la grave situación social y económica que viven estas islas. Se trata, afirmó, de una ley singular, razonable, proporcionada y adecuada. “Se mantienen intactos -añadió- todos los trámites ambientales y será el Cabildo quien tenga la decisión final, por lo que queda garantizado el principio de tutela judicial efectiva”. Dijo que la ley de 2002 ha sido una auténtica moratoria encubierta para estas islas y que las modificaciones planteadas ahora pretenden permitir un despegue económico basado en el turismo. “Que sirva para incorporar el turismo al sector primario en esta islas”, indicó, para añadir que “apoyamos esta ley porque va en consonancia con la Ley del desarrollo rural”.

Antonio Castro, por el Grupo Nacionalista Canario, fue el último en intervenir y lo hizo diciendo que “la capacidad de asombro no se agota con los años” después de escuchar algunas intervenciones. “Parece que estamos ante una apocalipsis y eso es un desconocimiento lamentable de lo que estamos aprobando. Ha sido tal la cantidad de disparates que se han dicho como que es inconstitucional, que es ruido para hacer buya porque no tienen votos”, manifestó el diputado palmero que afirmó que gracias a los cabildos y a los ayuntamiento la situación no está peor en las islas y “todos los diputados que estamos aquí de estas islas apoyamos esta ley”. Criticó a Román Rodríguez por “la cantidad de inexactitudes que ha dicho” y afirmó que “la moratoria solo se ha cumplido en estas tres islas que queremos salir de ahí”. “La ley -agregó- se ha mejorado aquí en coordinación con los cabildos” y afirmó que “nosotros queremos un modelo distinto al de otras islas, no queremos un turismo de masas, pero queremos que se haga algo y esta es la última oportunidad”.

Antonio Castro indicó que esta reforma de la ley turística de La Palma, La Gomera y El Hierro permitirá realizar proyectos contenidos en los planeamientos”, además recordó que “esta ley tiene un plazo de dos años para iniciar las actividades” y dijo que “lo que duele es que las competencias se residencien en los cabildos porque se cree que no son capaces de administrar esto”.