Turismo, desarrollo y protección ambiental

Estos días he leído con cierto estupor, en diversos medios de comunicación, algunas notas de prensa y entrevistas, en la que algunos que llevan más de 30 años gobernando esta Isla, con mayorías absolutas o cogobernando con unos y con otros, y que nos han traído hasta esta situación de estancamiento económico en la que nos encontramos, se pretenden erigir ahora en salvadores de la patria.

Parecen olvidar que han sido sus decisiones equivocadas o su incompetencia, sus despilfarros, sus favores y redes clientelares lo que ha provocado, en gran medida, que estemos en una situación tan crítica: con un alto porcentaje de hogares por debajo del umbral de la pobreza; con un tejido productivo limitado y poco diversificado, precario e inestable; con falta de oportunidades, sobre todo para los más jóvenes; con un éxodo poblacional que desangra a la isla un día tras otro.

Y ahora pretenden, con la modificación de la Ley de ordenación del modelo turístico insular, de las llamadas “islas verdes”, y con la Ley del suelo que inicia su andadura en el Parlamento, desregular el territorio para que, en unos casos, sean los Cabildos Insulares lo que decidan que se puede o no hacer en cada momento, de forma discrecional y arbitraria, y en otro, trasladar las competencias urbanísticas a los 88 cantones de Canarias, para que se pueda hacer cualquier cosa en cualquier parte del territorio, generando mayor inseguridad jurídica, lo que se convertirá en el caldo de cultivo de una mayor judicialización de la gestión urbanística.

Algunos compartíamos la propuesta inicial del Cabildo Insular de La Palma que pretendía simplificar la norma y favorecer el desarrollo turístico a través de una revisión del Plan Insular de Ordenación, de manera democrática y participativa, pero no podemos compartir las enmiendas coladas en último momento, sin un debate previo y sosegado, que modifican sustancialmente la propuesta inicial y que ponen en serio riesgo nuestra mayor riqueza, nuestro patrimonio natural y ambiental, el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que debemos transmitir en las mejores condiciones a las generaciones futuras.

No podemos compartir que, aprovechando la situación de grave crisis económica y social que seguimos padeciendo y que se traduce en pobreza y desempleo, se nos venda esta Ley que viene a significar un ataque frontal contra nuestra tierra, contra un modelo diferente de desarrollo turístico basado en la sostenibilidad territorial y ambiental, en el respeto al medio ambiente y a nuestro frágil patrimonio natural, como si fuera la panacea que va a curar los males de nuestra maltrecha economía insular.

El modelo fracasado que se pretende implantar favorecerá a la economía especulativa, a los intermediarios del suelo y a la economía del cemento y no del conocimiento, iniciando un proceso que nos puede llevar a la destrucción de los suelos agrarios y de protección ambiental, provocando la depredación del territorio. Quienes se llenan la boca con la palabra empleo, lo hacen a sabiendas del nivel de precariedad laboral que provoca su modelo económico, en el que se ofrece pan para hoy y se consigue hambre para mañana. Y el ejemplo lo tenemos en otras islas que ahora parecen ser el modelo a seguir.