Cuatro de los 61 vertederos incontrolados por los que Europa ha vuelto a condenar a España están en La Palma

Cuatro de los 61 vertederos incontrolados por los que Europa ha vuelto a condenar a España se encuentran en la isla de La Palma. Se trata de los vertederos de Barranco del Carmen (Santa Cruz de La Palma); Barranco Jurado (Tijarafe); Montaña Negra (Puntagorda), y Lomo Alto (Fuencaliente).

Una problemática que está en vías de extinción tal y como anunció recientemente la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, en una visita a Tijarafe, donde informó de que el plan de sellado del Barranco de Jurado, que está ya elaborado y pendiente de aprobación, contempla un presupuesto de 451.000 euros para unas obras que deben adjudicarse en 2017 y que estarán finalizadas en 2018, si bien, antes hay que resolver la disponibilidad de los terrenos.

La consejera anunció además que las obras en el resto de vertederos ilegales que aún quedan en la Isla se adjudicarán igualmente a lo largo de este año. En estos casos no existen inconvenientes sobre la disponibilidad de los terrenos.

Pero la Isla Bonita no es una excepción en Canarias en este aspecto, ya que el Archipiélago concentra, solo por debajo de Castilla y León, el mayor número de estos vertederos en España.

Existen un total de 24: Uno en Lanzarote, Hoya de la Yegua de Arriba (Yaiza); tres en Fuerteventura: Barranco de Butihondo (Pájara), La Laguna-Tiscamanita (Tuineje), Lomo Blanco (Antigua); otros tres en Gran Canaria, todos ellos en el municipio de Gáldar (Montaña de Amagro, Franja Costera de Botija y Cueva Lapa); cinco en Tenerife, La Colmena (Santiago del Teide), Montaña Los Giles (La Laguna), Las Rosas (Güímar), Barranco de Tejina (Guía de Isora), Llano de Ifara (Granadilla de Abona); cinco más en La Gomera, Arure / Llano Grande y El Altito, en Valle Gran Rey; El Palmar-Taguluche (Hermigua), Paraje de Juan Barba (Alajeró), y Punta Sardina (Agulo), y tres en El Hierro: Los Llanillos y Faro de Orchilla, en La Frontera, y Montaña del Tesoro, en Valverde.

Según informaba en su edición de ayer el diario El País, este dictamen del Tribunal de Justicia Europea, que es el segundo, después de la condena del pasado año, no implica una sanción económica contra España.

En esta segunda condena, según el citado periódico, los magistrados concluyen que España no ha aplicado “las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora”. Tampoco ha garantizado “que los residuos vertidos en ellos sean tratados por los municipios por sí mismos o por un negociante, una entidad o una empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento”, como fija la directiva 2008/98/CE, la que se ha incumplido.