El PP acusa al Gobierno de Canarias de "castigar" a La Palma en materia hidráulica

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Cabildo, Carlos Cabrera, señala que su formación política ha apoyado una propuesta de consenso, que contaba con el apoyo de la Cámara Insular de Aguas,  tanto en Junta de Gobierno como en la General del Consejo Insular de Aguas, que trasladaba al Gobierno de Canarias el ejercicio parcial de competencias para la elaboración y aprobación del Plan Hidrológico, 2º ciclo.

“No nos convencía esta propuesta ya que resulta cuanto menos paradójico, que el máximo responsable de la paralización de la planificación hidrológica en La Palma, el Gobierno de Canarias, ahora le demos competencias para su elaboración cuando por ley le corresponde a los consejos insulares. Sin embargo, como el resto de cabildos y consejos insulares, y, repetimos,  en aras de ese consenso insular, hemos tomado esa decisión”, manifestó el que fuera máximo responsable de esta materia en el pasado  mandato.

Cabrera señala que “después del lamentable ejercicio de las competencias de control que el Gobierno  nacionalista de la Comunidad Autónoma ha llevado a cabo durante los últimos años,  ralentizado la toma de decisiones de tal modo que ha logrado poner en auténtico peligro la percepción de fondos comunitarios, trasladamos una condicionada atribución de competencias insulares al Gobierno de Canarias, que tal y como dijimos en la Junta de Gobierno del Consejo Insualr de Aguas mucho nos tememos que no cumplirá  con los plazos nuevamente y que, en ese momento, aplicará otra vez  el artículo 47 del TRLOTC para salvar la cuestión, si todavía este artículo de aplicación excepcional sigue en vigor”.

Explica desde el PP que “el Gobierno nacionalista autonómico no sólo traspuso  la Directiva Marco del Agua diez años después impidiendo cumplir los plazos de redacción de los planes hidrológicos insulares porque  es a partir de esa ley canaria cuando puede comenzar su redacción, sino  que suspende el Plan Hidrológico de 2001 y aprueba una normas sustantivas, dejando, y he aquí lo grave, el Plan Hidrológico de La Palma, primer  ciclo, sin aprobación aún  -aplicación del artículo 47-.  Lo que ha tenido importantes consecuencias ya que un importante número de actuaciones no se encontraban recogidas en este nuevo planeamiento impidiendo su desarrollo e incluso poder optar a ayudas públicas. Mientras tanto la isla de La Palma lleva más de un año y medio esperando que la Cotmac y el Gobierno de Canarias apruebe definitivamente ese documento de planificación hidrológico de primer ciclo tantos años después”.

“Es inadmisible que un documento aprobado unánimemente en la isla de La Palma, estas instituciones regionales se permitan el lujo de tenerlo paralizado lo que supone, entre otros perjuicios, no tener la referencia planificada para la ejecución de cualquier obra hidráulica en la isla”.

Los populares aclaran que la resolución de esta  grave situación ha sido incluida en el acuerdo de cesión de competencias, a petición de la Cámara de Aguas de la isla, por lo que el PP va a vigilar que se cumpla esta exigencia insular por ser vital para el desarrollo de determinadas obras en la isla.

Asimismo, desde el  PP recuerdan que el gobierno insular, PSOE-CC, pretendía trasladar las competencias que por ley le corresponde al Consejo Insular de Aguas y al Cabildo de La Palma para la elaboración y  aprobación del plan hidrológico, segundo ciclo, al Gobierno de Canarias en su totalidad y sin mayores exigencias, lo que los populares no compartían en absoluto. “No podíamos compartir que aquellos que son los causantes del caos y retraso en la planificación hidrológica de la isla volvieran a recupera estas competencias sin una mínima capacidad de influencia por parte del Cabildo”

Finalmente el documento aprobado se adecuó de manera que pueda haber un cierto control insular. “Creemos que las dos administraciones, autonómica e insular, deben cumplir sus plazos pero observamos con preocupación que los plazos se incumplen y  se eternizan impidiendo contar con una planificación en tiempo y forma. Sería aconsejable, por ejemplo, ante esta situación que la tramitación continúe y no sea paralizada porque alguien sencillamente quiera hacerlo”.

“Ojalá que esta propuesta llegue a buen puerto pero con la burocracia y la apatía con la que se gestiona en  la administración autonómica y la insular, contemplamos la posibilidad real de aplicar normas excepcionales para salvar esa contumaz  negligencia que tanto daño está provocando. Siempre nos quedará, por lo menos, el documento de planificación, primer ciclo, si es que tienen la atención,  la delicadeza y el tiempo para aprobarlo” finaliza Cabrera.