El Cabildo recurre la sentencia del Auditorio insular en el Tribunal Constitucional

El presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, anunció en el pleno de este lunes que van a recurrir en el Tribunal Constitucional la sentencia del Auditorio insular en la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó a la corporación insular a pagar 390.000 euros al arquitecto Fernando Menis por la ampliación de un proyecto del referido auditorio que no le fue remunerado y que nunca se llegó a ejecutar.

Pestana dijo que van a defender los intereses de la institución insular en el Constitucional porque no están de acuerdo con los honorarios del proyecto.

El arquitecto fue adjudicatario en 2008 de un proyecto para construir el auditorio insular en el término municipal de Los Llanos de Aridane por un importe de 723.500 euros y posteriormente recibió, según la sentencia del TSJC de 2016, el encargo verbal de su ampliación por parte del entonces presidente de la institución, José Luis Perestelo.

El arquitecto demandó al Cabildo y el juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife le dio la razón. El Cabildo presentó recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó la sentencia original excepto en que el beneficiario del pago no fuera la sociedad unipersonal del técnico sino su titular como persona física.

El actual vicepresidente del Cabildo y entonces presidente de la institución, José Luis Perestelo, ha señalado al respecto que “nosotros seguimos insistiendo en que la sentencia se basa en unos supuestos que no son ciertos. Han dado por bueno la existencia de una comunicación del Cabildo a la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, comunicación que hemos acreditado por certificación que ni se produjo ni ha salido del Cabildo ni por supuesto ha llegado a la Consejería”.

“El juez -añadió-, ha dado por bueno ese documento y como no se acreditó la veracidad del mismo en su momento, no se ha podido incorporar en el proceso y estamos diciendo que hay una indefensión importante y que intentamos, por la vía constitucional, resolver algo que nos parece completamente absurdo, algo que nunca debió producirse”.

Desde el Cabildo sostienen que para pagar se tiene que entregar el proyecto correctamente y, según indica Perestelo, “los documentos presentados en su día, según los informes técnicos de la corporación,  y de un asesoramiento externo, no reúnen los condicionantes mínimos para considerarse proyecto”. Además señaló que “hay testigos de los que llevaban entonces el servicio de Contratación del Cabildo, el servicio de Cultura, y todos afirman de reiteradas reuniones con el arquitecto, que siempre se le dijo que no se podía ampliar el documento más allá del marco del concurso que había ganado”.