La Palma aspira a verter cero aguas depuradas al mar y empieza a poner medios para su reutilización

Representantes del Cabildo Insular de La Palma, de los ayuntamientos y de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Emergencias del Gobierno de Canarias se reunieron hoy para abordar la activación de mecanismos administrativos que permitan la legalización de los vertidos al mar que actualmente se producen en la isla (11 en total). En este encuentro se presentó una guía explicativa elaborada por la Consejería de Política Territorial para la tramitación de las autorizaciones de vertidos desde tierra al mar, así como el censo de Canarias.

Blanca Pérez, viceconsejera de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, que estuvo acompañada por Susa Armas, directora general de Protección de la Naturaleza, señaló que la Consejería está presentando en todas las islas a las instituciones y privados que tiene algún tipo de vertido, la guía explicativa y el censo de vertidos al mar, al mismo tiempo que el plan para colaborar y normalizar las autorizaciones. Para ello, la Consejería de Política Territorial ha creado una asistencia técnica que ofrece asesoramiento en los expedientes que tramitan los ayuntamientos y cabildos.

También destacó que “estamos trabajando en el decreto de autorizaciones para actualizarlo, porque nos estamos rigiendo por uno de 1993 del Ministerio que no se adapta a la situación de Canarias, que tiene especificidades como las salmueras”.

En cuanto a la situación de La Palma, donde se han contabilizado 11 vertidos al mar irregulares, señaló que “es similar y está en los porcentajes del resto de las islas, a excepción de El Hierro, que no tiene vertidos ni conducciones al mar”. “Hemos adquirido el compromiso para ponerlos a norma totalmente”, dijo. Además indicó que desde la Consejería de Agricultura “me consta que están llegando a convenios para poner recursos para que se resuelvan los problemas, no siendo los competentes”, al igual que muchos de los cabildos.

Destacó además que muchos de los vertidos señalados en La Palma que están sin regular son aliviaderos, mientras que son “muy pocos” los que no pertenecen a esta categoría, cuatro en concreto, y que “son de cierta entidad”: Santa Cruz de La Palma, Tazacorte, San Andrés y Sauces y Breña Baja.

El vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Aguas, José Luis Perestelo, lanzó un mensaje de tranquilidad a la población y aseguró que los vertidos que van al mar “pasan por depuradoras y el Consejo Insular de Aguas tiene un control exhaustivo, con análisis permanente de las aguas, que se tratan en esas depuradoras”. “La ciudadanía tiene que tener la tranquilidad que los problemas de ilegalidad devienen más del proceso administrativo que del propio tratamiento de las aguas”, añadió.

Perestelo indicó que este año los presupuestos del Consejo Insular de Aguas inciden en dos temas que hasta ahora han sido una asignatura pendiente, ya que “nos hemos centrado más en redes de riego, por la importancia del tema agrario”: el saneamiento y depuración de las aguas.

Así cuenta con partidas para el depósito de tormentas y desarenado de la depuradora comarcal del Valle de Aridane, que es la más importante de La Palma. Además subrayó que empezarán en estas mismas instalaciones un terciario que permita reutilizar esas aguas. “Tenemos como objetivo no solo resolver la parte administrativa, sino no verter dotando a las depuradoras de un terciario que permita la reutilización de esa aguas”, concluyó.