Jovita Monterrey es la consejera insular de Asuntos Sociales. Archivo.
La Consejería de Servicios Sociales del Cabildo de La Palma ha renovado el convenio con el Gobierno de Canarias para encomendar la gestión de la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad.
De este modo, indica el Cabildo en un comunicado, se podrán agilizar los trámites para la valoración del grado de discapacidad con el fin de reconocer los referentes a diagnosis, valoración y orientación de las personas con discapacidad, todo ello en correlación con lo establecido en el Real Decreto.
La consejera de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, ha destacado que "durante el año pasado se valoró a 273 personas a través de un equipo del Cabildo conformado por un médico, una trabajadora social y una psicóloga, que fueron los encargados de elaborar un informe que fue derivado a la Comisión del Gobierno de Canarias encargada de dictaminar el grado de discapacidad"
La suscripción del citado convenio de colaboración supone un gasto de 18.000 euros, que financia la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
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