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Educación

Los aprobados sin plaza crean una plataforma para reivindicar su derecho a ejercer la docencia

Si la Consejería de Educación no lo remedia, se estima que 282 personas aprobadas en la oposición podrían quedarse sin trabajar para el próximo curso escolar 2018/2019

Aula con estudiantes.

El colectivo de docentes aprobados en la oposición de la Consejería de Educación y sin plaza después de un concurso de méritos donde prima hasta en un 40% la experiencia en la escuela pública, ha decidido crear una plataforma con comisiones de trabajo en todas las islas, para reivindicar el “derecho legítimo que se han ganado para ejercer la docencia, de inmediato, en los centros de enseñanza, así como exigir que su aprobado sea tenido en cuenta en la fase de méritos de próximos concursos”.

La pretensión de esta plataforma, se asegura en un comunicado, no es otro, que el reconocimiento al derecho que tienen los aprobados sin plaza a trabajar y desarrollar su labor como docentes cualificados en donde corresponde “que es en las aulas canarias, en beneficio del sistema educativo, así como de los miles de alumnos que cursan las enseñanzas regladas o de régimen especial, habiendo demostrado para ello, los conocimientos técnicos de sus materias y el dominio del currículo canario y capacitación didáctica demostrada ante los tribunales evaluadores”.

De lo contrario, advierte este colectivo, podría darse la paradójica situación de que estos docentes “aprobados en la oposición” no pasen a formar parte del cuerpo de funcionarios interinos que ocupan las vacantes en toda la comunidad, debido a una paralización transitoria del decreto 74/2010 que regula las listas de empleo en Canarias, el cual expone muy claramente en su artículo 6 apartado 3: “que las correspondientes listas de empleo estarán vigentes hasta su sustitución por nuevas listas derivadas de pruebas selectivas”. Esta contradicción legislativa y constitutiva de posible nulidad jurídica, indican, ya está siendo estudiada por juristas especializados en derecho administrativo a fin de emprender las acciones judiciales amparadas en la constitución española.

Este colectivo afirma que no está dispuesto a “someterse a las pretensiones de otros interesados que abogan por mantener a los aprobados apartados del sistema público de enseñanza, el cual se debe fundamentar en procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, tal y como señala el Estatuto Básico del Empleado Público”.

De hecho, asegura que están recibiendo apoyo de distintos agentes socio-políticos de Canarias, del Diputado del Común, medios de comunicación y representantes de la Consejería de Educación, que han mostrado receptividad a las cuestiones planteadas valorando positivamente el mérito de los aprobados y, por tanto, su derecho a ser reconocidos, ante lo cual, los aprobados expresan que confían en que esta voluntad política manifiesta permita que se incorporen en los distintos centros educativos de Canarias para el próximo curso escolar; de lo contrario, continuarán con las distintas acciones ya iniciadas.

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