En los últimos cursos, por no remontarnos más atrás, la atención a la diversidad, al alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo (NEAE), el más necesitado de atención en la Comunidad Autónoma, ha ido dando pasos atrás hasta llegar, conjugando varios factores, a la situación actual.
La atención al alumnado con déficit requiere una forma de trabajo reposada y coherente. Requiere una continuidad y unos recursos que poco a poco se han visto mermados. Requiere considerar diversos factores sociales y psicopedagógicos para dar a cada niño la respuesta adecuada en cada momento. Requiere una coordinación entre los profesionales que atienden al alumnado. Requiere una voluntad decidida de defensa de los derechos que amparan a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, fundamentalmente el derecho a la igualdad, que representa la gran justificación que nos hace más humanos.
En el pasado reciente se han eliminado plazas de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en toda Canarias, acentuándose aún más en este curso, no quedando isla que no haya sufrido supresiones también de plazas de Pedagogía Terapéutica, pasando de compartir centros a contratos basura de 6 horas para dos centros, sustentando estas variaciones en la nueva normativa que, cínicamente, decían daría mayor cabida al alumnado con NEAE, cuando ésta lo que hace es subir el "listón" y ya para ser atendido es necesario un discapacidad grave (informe psiquiátrico, Trastorno General del Desarrollo, déficit psíquicos, sensoriales o motóricos y pocas situaciones más), pasando a incluirse, por esta causa, en el estadillo o listado de alumnos a atender a menos de la mitad de los alumnos del curso pasado. Al no contabilizarse este alumnado, ya diagnosticado con sus problemas, ya no hay personal para atenderlo, se despide, insolidariamente para el alumnado, a profesionales necesarios. ¡Qué gran jugada! Como para sentirse orgullosos. Es lamentable cuando menos. En lugar de beneficiarse de una justa discriminación positiva, se les excluye despiadadamente y con criterios exclusivamente de ahorro económico.
Pero hay más. Todo esto ha tenido como consecuencia una reordenación de los efectivos existentes, los que han ido quedando, aumentando sus dificultades de atención a alumnado y familias. Esto ha complicado, cuando no ha eliminado, la coordinación entre los profesionales de la atención a la diversidad (Orientadores, Profesorado de PT, Trabajadores Sociales y Logopedas fundamentalmente) y ha enlentecido los diagnósticos de los casos existentes en las diferentes zonas, además de dejar desprotegida la orientación profesional y vocacional. Todo ello, unido a lo que ya se venía arrastrando desde atrás por la falta de continuidad, ha hecho que paguemos ahora y en el futuro más, con algo tan doloroso como la exclusión social y la renuncia a la lucha por la integración social presente en toda la normativa existente al respecto.
La Administración Educativa Canaria, con su política de reducción sistemática de la inversión, ha afectado a todas las islas realizando recortes al respecto, todos ellos sangrantes, incluso sin tener en cuenta circunstancias agravantes como la ocurrida en la isla de La Palma, en los municipios de Villa de Mazo y Fuencaliente, que tras el incendio sufrido este verano ha dejado a las familias con un gran trauma y necesitadas de apoyo de las instituciones y de estos profesionales, que podrían coordinarse con ambos ayuntamientos para gestionar ayudas sociales, brindar apoyo psicológico, etc., en fin, aprovechar los recursos públicos para lo que importa, el bienestar y ayuda a los ciudadanos. Esto ocurre así aunque se ha demandado que no se hagan recortes por esta circunstancia, tanto por parte de los profesionales de la educación como por los ayuntamientos.
Las zonas de atención se amplían porque hay menos personal, éste apenas tiene tiempo para coordinarse con el resto de profesionales, la periodicidad en la atención al alumnado y los centros disminuye, los horarios resultantes se hacen irracionales, la priorización deja en la cuneta a muchos alumnos, no se establecen o respetan criterios que no sean los exclusivamente numéricos, no contemplando algunos educativos como son la dispersión de los centros de una zona o su especial problemática social o si son zonas urbanas o rurales o el nivel cultural y socioeconómico y un largo etcétera educativo y social que se obvia y que se pretende solventar con el voluntarismo innegable del profesorado al que se sobrecarga de trabajo.
Todo ello no dibuja un panorama muy alentador, como en tantos campos de la Educación Canaria del siglo XXI, necesitada sí de un Pacto desde hace mucho tiempo, pero de uno real, al margen de los montajes publicitarios a los que nos tiene acostumbrados la Consejería de Educación y arrimando todos el hombro para mejorar nuestro Sistema Educativo.
En algún momento habrá que decir que no, qué ya está bien.
Álvaro Martín Corujo, miembro del Secretariado Nacional de STEC-IC
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