NC denuncia la desidia del Gobierno canario en la regularización de las explotaciones ganaderas

Nueva Canarias denuncia que cientos de ganaderos tienen que seguir soportando una situación de inseguridad jurídica, que les dificulta poder acceder a las subvenciones de modernización de sus explotaciones y mejorar así su competitividad, por la desidia del Gobierno canario.

La Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en su artículo 5, habilita la regularización y registro de las explotaciones ganaderas que se encuentran en funcionamiento sin disponer de las autorizaciones y títulos administrativos correspondientes.

Hasta mediados del año 2013, según datos de la Consejería de Agricultura, se habían presentado 968 solicitudes de regularización, de las cuales 603 corresponden a la provincia de Las Palmas y 365 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el caso de la isla de La Palma, se presentaron 110 solicitudes de legalización de las explotaciones ganaderas. Pues bien, según indica NC, desde marzo de 2011 a diciembre de 2012 el Gobierno de Canarias ha decretado la legalización de 264 instalaciones -esto es, tan sólo un 24% de las solicitudes presentadas-, de las cuales 33 corresponden a explotaciones de esta Isla, estando prácticamente paralizado este proceso de legalización, de manera incomprensible, desde hace un año y medio.

"Es decir, durante el año 2013 y lo que llevamos del actual, no se ha procedido a legalizar ninguna explotación, por lo que más de 700 ganaderos no han podido acogerse a esta medida de legalización territorial y ambiental de sus instalaciones, algo que parecía tan beneficio para el sector agrario, y que se vendió desde la Consejería como uno de los grandes objetivos de la Ley. Y todo ello como consecuencia de la situación de obstaculización que algún centro directivo del Gobierno ha conseguido imponer".

Por ello, desde Nueva Canarias, denuncian la "desidia y falta de responsabilidad de la que hacen gala algunos de nuestros gobernantes, que está obligando a centenares de ganaderos a tener que seguir soportando una situación de inseguridad jurídica, que les dificulta poder acceder a las subvenciones de modernización de sus explotaciones y mejorar así su competitividad". "Eso -añaden- que la Ley las denominaba medidas urgentes y, para asombro de unos y vergüenza de otros, ya han pasado 5 años y más del 75% de las solicitudes siguen sin resolverse".

Para Nicolás del Valle, responsable de política agraria de Nueva Canarias en La Palma, "no podemos olvidar la importancia que la mejora de la rentabilidad del sector primario tiene, no sólo desde el punto de vista del empleo y de su contribución a nuestra seguridad y calidad alimentaria con sus productos, sino también porque la actividad que desarrollan es imprescindible en la conservación y protección de nuestro territorio y su biodiversidad".

Pero además, añade Nicolás, "es muy significativo el beneficio que la regularización de las explotaciones tiene para el interés general, al exigirse como condicionantes, en plazos razonables, la mejora sanitaria, ambiental y paisajística de las instalaciones, con lo que todos saldríamos ganando". Y concluye, "pero la incompetencia de este Gobierno, una vez más, parece que nos condena al olvido".