La Cámara exige eficiencia a la Administración para desbloquear la inversión

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha recogido el malestar expresado por las empresas de las Islas ante el “bloqueo” que sufren en las administraciones públicas los proyectos que impulsan. “La Administración -afirma Sesé- debe ser un aliado y un facilitador en el desarrollo económico y la creación de empleo, y no un obstáculo, y es este último papel el que está desempeñando actualmente”. A juicio del presidente cameral, esta situación sería preocupante en cualquier momento, pero lo es aún más en una etapa de desaceleración e incertidumbre como la que ahora viven la economía canaria y la española.

Según la Cámara, son innumerables los casos en que los proyectos de inversión de los empresarios se atascan en el cuello de botella de los procedimientos burocráticos. No se trata solo de grandes empresas, sino principalmente de pymes, que son las que conforman la inmensa mayoría del tejido productivo canario. Los medios de los que disponen estas pequeñas empresas para afrontar los retrasos de los procesos administrativos son limitados, lo que les genera mayores perjuicios, advierte.

La institución cree que es urgente un compromiso político para que la agilización administrativa se convierta en una prioridad. Cabe recordar que la modernización y digitalización de la administración formaba parte de las reformas estructurales que todos los agentes públicos y privados consideraban inaplazables hace no demasiados años. Sin embargo, tras la crisis y la posterior recuperación la mayoría de las tareas siguen pendientes y los problemas que se querían resolver no han desaparecido. Mientras que las empresas sí se han embarcado en esta labor de modernización, la escasa iniciativa de las administraciones se ha traducido en que la productividad del sector público no haya mejorado.

El objetivo ha de ser, a juicio de la Cámara de Comercio, una administración más eficiente. En este sentido, reclama que se analice de forma detallada el gasto público y el sistema fiscal de la Comunidad Autónoma para determinar si revierten en una mayor eficiencia del sector público y, en caso de que no sea así, introducir las correcciones necesarias. La entidad siempre ha defendido, hasta ahora sin obtener respuesta, la necesidad de que las decisiones en materia impositiva se basen en un diagnóstico riguroso del funcionamiento del sistema.

La eficiencia también debe pasar por equilibrar las plantillas de empleados públicos no solo mediante la incorporación de nuevos efectivos, sino también promoviendo la movilidad, en especial del personal más transversal, de manera que se doten adecuadamente los departamentos más colapsados y con mayor carga de trabajo y, de esta manera, permitir que se agilicen los procedimientos. Los años de restricciones al empleo público, admite la Cámara, pueden haber impactado en las administraciones, pero al margen de eso persiste un problema de fondo: la ausencia de métodos eficaces que midan el desempeño del sector público y posibiliten tomar medidas para subsanar las deficiencias detectadas.

Aunque la entrada en vigor de la directiva comunitaria Bolkestein, dirigida a la simplificación de procesos y trámites administrativos, supuso un paso adelante en esta materia, la aprobación posterior de otras normas nacionales -complejas y susceptibles de interpretación- ha terminado por diluir sus efectos y provocar una “inseguridad jurídica que afecta tanto a los administrados -entre ellos, los empresarios- como a los propios funcionarios, lo que a su vez repercute en la paralización de los procedimientos y de la toma de decisiones”.

Asimismo, la Cámara llama a establecer unos plazos razonables para dar respuesta a los ciudadanos y las empresas, de la misma manera en que estos tienen que sujetarse a los tiempos que marca la administración para la realización de los trámites que les corresponden.

“La demora en trabajar por una administración ágil y eficiente nos ha hecho perder oportunidades”, apunta el presidente de la institución, que define la situación que viven los empresarios como de “impotencia y frustración”. Según Sesé, en los momentos de crisis se tenían que haber realizado ajustes y definido prioridades para luego, en la fase de la recuperación, impulsar la inversión. “La generación de economía beneficia a las empresas, crea empleo y mejora la recaudación, con lo que se constituye en fuente de ingresos para los servicios públicos”, argumenta el máximo dirigente de la entidad.

Las trabas administrativas afectan a todos los sectores, pero resultan especialmente inquietantes sus efectos sobre algunas actividades que hasta hace no mucho tiraban del carro de la economía canaria y que ahora han entrado en una situación de cierto estancamiento. Este es el caso de la construcción, a la que no solo afecta la inestabilidad política, que ha impedido la materialización de los convenios de infraestructuras con el Estado, sino también las demoras que sufren sus proyectos en las administraciones y, en concreto, en las oficinas técnicas de los ayuntamientos.

La Cámara de Comercio anima, además, a atacar con decisión un problema estructural que presenta la estructura administrativa del Archipiélago, en el que la convivencia de órganos de diferente ámbito y nivel -estatal, autonómico, insular y municipal- deriva en duplicidades e ineficiencias que han provocado que se hable -con propiedad, según Santiago Sesé- de una “maraña” burocrática. “Las soluciones aplicadas hasta el momento han sido escasas y han dado resultados casi insignificantes”, lamenta el presidente de la entidad cameral, que aconseja corregir estas disfuncionalidades mediante el principio “una administración, una competencia”.